Para gobernar establemente, tener un marco democrático no es suficiente. Para su acción, un gobierno necesita condiciones favorables intrínsecas y del entorno. Es a eso a lo que llamamos “gobernabilidad”. Digamos que los países pueden ser democráticos, pero ingobernables. Desde que las candidatas a magistradas propuestas por el Ejecutivo no fueron ratificadas por la Asamblea Nacional, los problemas de gobernabilidad empezaron a avizorarse. Una de las principales condiciones para la acción de gobierno son las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. No se trata de que el segundo esté supeditado al primero, pero sí, como dice la Constitución, de que puedan actuar en armónica colaboración. La profundidad del conflicto entre ambos órganos está reflejada en el desaguisado por el control de la Comisión de Credenciales, en el que también está involucrado el desvencijado Órgano Judicial. Era de esperarse. La actual mala relación del Ejecutivo con el Legislativo poco tiene que ver con las cualidades del presidente de la República, más bien es el resultado de una característica del sistema político panameño: desde 1990, los del Partido Panameñista han sido siempre gobiernos divididos, porque nunca han conseguido elegir una bancada grande. Por eso el pacto con el PRD fue necesario y el nombre que le dieron, “pacto de gobernabilidad”, era correcto.
La adelantada llegada de las elecciones cambió la correlación de fuerzas en una Asamblea que, por primera vez, se encuentra atrapada en un juego a tres bandas que nadie sabe bien cómo jugar. Por si fuera poco, el Gobierno ha perdido también las condiciones del entorno que favorecerían su acción. La batalla por los recursos en un país cuya economía crece pero distribuye muy mal la riqueza, los dineros robados a través de la corrupción, la desidia administrativa, la gentrificación y el despojo de los recursos hacían previsibles los acontecimientos en Colón, el conflicto entre Minera Panamá y Suntracs y el conflicto entre el Ministerio de Ambiente y los indígenas emberá wounaan. Asombra que los gobiernos no tengan una institucionalidad propia para anticipar y gestionar los conflictos. La acción de gobierno abarca tres áreas: las políticas públicas, la institucionalidad y la gestión política. Las deficiencias en esta última área son lo que está comprometiendo la gobernabilidad. Ante la escalada hacia una aún evitable crisis, ha llegado la hora de gestionar la política transformando los conflictos, mejorando las comunicaciones, tendiendo puentes en el Legislativo, fortaleciendo la alianza de gobierno y dialogando con la sociedad.