Estados Unidos impuso restricciones de visa a 50 familiares directos de legisladores, fiscales y jueces de Nicaragua vinculados al gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, denunciando el arresto de una treintena de opositores.
“Como demuestran estas medidas, Estados Unidos está comprometido a promover una amplia rendición de cuentas a cualquier persona responsable o beneficiada por los ataques del régimen de Ortega-Murillo a las instituciones democráticas”, dijo el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.
Ya en julio pasado, el Departamento de Estado había anunciado que bloqueaba o restringía la visa de entrada a ese país a cien legisladores y funcionarios del sistema judicial nicaragüense y sus familias, al calificarlos de cómplices del régimen de Ortega contra la oposición política.
Esas sanciones implican la revocación de los visados que pudieran tener ya algunos de esos funcionarios y afectan además a “algunos de los familiares” de los funcionarios en cuestión, informó en esa ocasión el secretario de Estado, Antony Blinken.
Esta semana, el principal bloque opositor de Nicaragua sufrió otro revés tras la inhibición de su candidata a la vicepresidencia, la exreina de belleza Berenice Quezada, en medio de una ola de arrestos y acciones judiciales contra opositores, previo a los comicios de noviembre.
Quezada, candidata a la vicepresidencia de la derechista Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL), quedó inhibida luego que el Ministerio Público anunciara en un comunicado que será procesada por los delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”.
El proceso para las elecciones del 7 de noviembre se desarrolla en medio de una serie de detenciones de opositores, con 31 importantes disidentes arrestados desde junio.
Entre los presos están siete aspirantes a la presidencia que son acusados por “traición a la patria”, un delito que la ley imputa a quienes incitan a la injerencia extranjera y aplauden las sanciones internacionales adoptadas contra Managua desde 2018 por violación a los derechos humanos.
