Sebastián Méndez Chiapetto inauguró la financiera Estrellamar en 1988, en pleno régimen militar y condiciones económicas muy difíciles en el país.
La financiera se empezó a volver muy popular.
Estrellamar, al tiempo que prestaba dinero, recibía fondos de decenas de personas en calidad de préstamos que, en realidad, tenían otro destino.
El “inversionista” facilitaba fondos a Estrellamar, y a cambio del dinero –denominado como ´´remesa´´– al ´´prestatario´´ se le entregaba un recibo como constancia de su ´´préstamo´´. Parte del dinero daba la vuelta y se reutilizaba en los préstamos que otorgaba la financiera.
Sin embargo, la mayoría de los fondos iba a parar a The Providence Corp., compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas, pero ubicada físicamente en Panamá con las mismas oficinas y teléfonos que Estrellamar.
Méndez, a través de The Providence Corp., utilizaba el dinero de los derechohabientes para realizar inversiones en el exterior, incluyendo la Bolsa de Valores de Nueva York.
A finales de la década de 1990, muchas de las inversiones de The Providence se hacían en acciones de empresas tecnológicas, en pleno furor de las puntocom. Pero la subida iba a ser tan intensa como la caída. Algunas de estas acciones pronto se vinieron abajo, y con ellas buena parte del dinero de The Providence/Estrellamar.
Esto sucedía entre mediados y finales de 1999.
De todos los derechohabientes el único que recuperó su dinero fue el Banco DISA. El resto –408 personas– perdió, en total, unos 24 millones de dólares.
DISA recuperó su dinero porque el banco tenía un contrato de inversión por 14 millones de dólares con The Providence Corp. Pero una auditoría ordenada por el DISA a The Providence Corp. reveló que la empresa tenía un déficit acumulado de 16.9 millones de dólares, a diciembre de 1999. Tras esto, DISA retiró sus fondos y provocó la quiebra de Estrellamar/The Providence.
EL CASO
En septiembre de 2001, The Providence fue declarada oficialmente en quiebra.
El Ministerio Público apuntó a la comisión de una “quiebra fraudulenta”, lo cual permitía una tipificación de un delito penal contra los responsables.
En 2004, la Fiscalía Tercera de Circuito, a cargo de Esther María De Frías de Uribe, pidió llamamiento a juicio para Sebastián Méndez, quien aparentemente había huido a Estados Unidos.
En abril de 2005, La jueza decimosexta civil, Guimara Aparicio, declaró nula una serie de pagos por 40.5 millones de dólares, que The Providence hiciera al banco Disa y que debían restituirse a The Providence.
El 28 de diciembre de 2006 la Corte Suprema de Justicia negó a los depositantes la posibilidad de que Banco Disa, que era el captador de los fondos de The Providence Corp., cancelara el dinero de los “derechohabientes”.
En octubre de 2008, el Juzgado Decimoquinto, ramo penal, fusionó en un solo expediente los dos procesos relacionados con las quiebras de The Providence y Estrellamar. Ese mismo mes el Juzgado Decimosexto civil calificó de “fraudulenta” la quiebra, con lo cual quedaba eliminada la posibilidad de que el caso prescribiera en la esfera penal.
Fuentes del Órgano Judicial señalaron la semana pasada que el caso permanece “archivado”.
Una legislación útil y necesaria
Centenares de personas, desde inversionistas importantes hasta modestos ahorristas, han perdido buena parte de su dinero como consecuencia de las millonarias quiebras de entidades bancarias, financieras o empresariales ocurridas al menos en la década pasada.
Pese al refuerzo de los controles y el surgimiento de nuevas entidades reguladoras y fiscalizadoras en el sector financiero, aún faltan leyes que protejan debidamente a quienes de buena fe confían en estas instituciones. Desde 2003, tanto la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) como la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) redactaron, propusieron y compaginaron sendos borradores de proyectos de legislación tendientes a solventar este problema.
Sin embargo, la propuesta denominada ley de reestructuración financiera, mejor conocida como “ley de quiebras”, se ha mantenido estancada desde hace al menos dos años. La ley buscaría que se cumplan ciertos pasos previos a la declaración de una quiebra para protegerla de demandas que precipiten el colapso de la entidad y le permitan seguir funcionando mientras hacen frente a sus compromisos.
También incluye un componente donde se protege a los trabajadores, de tal suerte de que no queden ´en el aire´ una vez se presente una situación de esta naturaleza. Cabe mencionar que esta legislación podría mejorar la posición de Panamá en el índice Doing Bussiness que cada año presenta el Banco Mundial.
