Estados Unidos (EU) impuso ayer sanciones económicas a dos altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, señalándolos de participar en negociaciones encubiertas con líderes de pandillas encarcelados.
El gobierno de Joe Biden dijo que las sanciones se alinean con los objetivos de la Cumbre por la Democracia que el presidente estadounidense acogerá hoy y mañana, así como con la Estrategia de EU para Combatir la Corrupción, publicada el 6 de diciembre, que considera este tema una prioridad de seguridad nacional.
El Departamento del Tesoro anunció que Osiris Luna Meza, viceministro de Justicia y director general de cárceles de El Salvador; y Carlos Amílcar Marroquín Chica, director de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia, fueron incluidos en su lista negra por sus tratos con altos mandos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Las sanciones, aplicadas en virtud de la Ley Global Magnitsky de 2017, suponen el congelamiento de cualquier activo que los involucrados puedan tener en EU y les prohíbe toda transacción a través del sistema financiero estadounidense.
“El crimen organizado respaldado por actores corruptos puede desestabilizar el Estado de derecho, erosionar la confianza en las instituciones públicas y debilitar la gobernabilidad democrática”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, tras el anuncio de las sanciones.
“Continuaremos utilizando todas las herramientas disponibles para romper los vínculos entre la actividad delictiva y la corrupción”.
El Tesoro dijo que una investigación reveló que Luna y Marroquín facilitaron y dirigieron en 2020 reuniones propiciadas por el gobierno de Bukele para pactar una tregua secreta con líderes pandilleros. Señaló que en estas conversaciones, los jefes de los grupos criminales acordaron apoyar al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021, en las que el oficialismo triunfó. De su lado, las bandas criminales obtuvieron asignaciones financieras del gobierno y privilegios para sus jefes presos, como celulares y prostitutas.
El Tesoro también indicó que Luna negoció con la dirigencia de la MS-13 y Barrio 18 el acatamiento de las pandillas al confinamiento nacional decretado por Bukele en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19.
Además, acusó a Luna de robar y revender productos básicos comprados por el gobierno para ayudar a los afectados por la emergencia sanitaria, y de idear un plan para malversar millones de dólares del sistema penitenciario de El Salvador.
En el poder desde junio de 2019, el gobierno de Bukele, que niega pactos con las pandillas, rechazó en los últimos meses extraditar a EU a líderes de la MS-13 reclamados en Nueva York.
