El Juzgado Octavo de lo Penal condenó a ocho años de prisión a la exdefensora del Pueblo Patria Portugal por la comisión del delito de peculado.
Además, el juzgado le aplicó una pena de accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de 48 meses.
El fallo, firmado por la jueza octava penal, Leyra Terán Turcios, fue notificado en horas de la tarde de ayer a la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.
Rogelio Cruz, abogado defensor de Portugal, dijo que apelará la decisión ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia por considerar que su cliente es inocente de los cargos imputados.
Cruz aseguró que durante el proceso se presentaron dos informes de auditoría elaborados por la Contraloría General de la República, en los que se certifica que en este caso no hubo un lesión patrimonial en perjuicio del Estado.
Precisó que espera ser notificado del fallo en las próximas horas y que en ese momento anunciara el recurso de apelación.
Las investigaciones del caso, efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, guardan relación con dos contratos que Portugal suscribió como defensora del Pueblo, uno de ellos con la empresa Imaginarium Studio, S.A., por un monto de $249 mil 845, para el rediseño de la página web de la entidad; y el otro por $199 mil 983, para capacitaciones, adjudicado a la empresa En Avant , S.A.
Las denuncias que dieron origen al proceso fueron presentadas en 2013 por Abigail Benzadón, entonces jefa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y por el abogado José Antonio Moncada.
De acuerdo con la fiscalía, los requisitos que debían cumplirse para el rediseño de página web, aplicados a las entidades gubernamentales, no se cumplieron en este contrato. Además, funcionarios de la entidad declararon que podían realizar el trabajo, por lo cual era innecesaria la contratación.
Ambas denuncias fueron presentadas en el año 2013 y su acumulación fue solicitada en 2014, pero no fue avalada si no hasta el año 2016.
En aquella ocasión, el juzgado alegó que se trataba de hechos relacionados, por lo que accedió a la petición de la fiscalía.
En agosto de 2013, la Asamblea Nacional decidió remover del cargo de defensora del Pueblo a Portugal a raíz de las denuncias presentadas en su contra.
En esa fecha, la Comisión de Credenciales de la Asamblea recomendó la remoción de la funcionaria por haber incurrido en la causal de negligencia notoria en el cumplimiento de sus deberes legales, en lo concerniente a las contrataciones públicas y que debido a esto “ha perdido la confianza del Órgano Legislativo como entidad nominadora, para que continúe ejerciendo el cargo”.
El juzgado acumuló ambas investigaciones y en una audiencia preliminar celebrada el 9 de abril de 2019 la juez Terán Turcios decidió llamar a juicio a Portugal.
La defensa de Portugal negó los cargos y alegó que los contratos fueron suscritos de acuerdo con la ley, que las acusaciones eran infundadas y que todo se trataba de una persecución política.