Los adversarios a la Ley 172 que creó 11 nuevos corregimientos en Bocas del Toro, y segregó a Cauchero del distrito cabecera, empiezan a mostrar sus cartas.
Alexis Sanchez, un bocatoreño de Almirante que le ha dado seguimiento al tema desde que la propuesta del diputado Benicio Robinson, estaba en el Legislativo, presentó ayer una solicitud de información ante la Asamblea Nacional para que se le suministre copia de un informe que elaboró la Comisión Nacional sobre Límites Político - Administrativos, que debe vigilar el cumplimiento de las normas al momento de crear nuevos corregimientos.
Mientras que los moradores de Cauchero se reunieron ayer para analizar el contenido de la ley sancionada por el presidente Laurentino Cortizo, y decidir qué acciones tomarán. “Nos sentimos burlados, nos sentimos engañados por el presidente Cortizo, ya que el 16 de octubre dijo que requería de más tiempo para analizar si la creación de esa ley cumplía con los requerimientos, y el 19 de octubre él la sanciona, lo mantiene en silencio, y la promulga el 4 diciembre”, dijo Danilo Ábrego, vocero de la comunidad. Anunciaron que irán a los tribunales de justicia.
Piden ver informe clave para la creación de corregimientos
Días después de la sanción de la Ley 172 de 2020 que crea 11 nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro, algunos de los que están en contra de la iniciativa empiezan a activarse. El ciudadano bocatoreño Alexis Sánchez solicitó ayer a la Asamblea Nacional que le facilite el más reciente informe de la Comisión Nacional sobre Límites Político-Administrativos, de febrero de este año.
En el documento, Sánchez, pide acceso al contenido del informe, pues se supone que este es el resultado del trabajo de una comisión creada con el objeto de “verificar que la creación de nuevas unidades político-administrativas del territorio nacional cumpliesen con los requisitos establecidos en la ley”.
La comisión citada es presidida, según la norma, por un representante del Ministerio de Gobierno, y cuenta también con la representación del Tribunal Electoral, del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia y del Instituto Nacional de Estadística y Censo.
El documento cita una “cápsula informativa” divulgada por la propia Asamblea Nacional, en la cual se manifiesta que “la creación de los corregimientos en Bocas del Toro cumplió con los requisitos” y la segregación de Cauchero del distrito de Bocas del Toro contó con la presencia de autoridades locales y municipales en las consultas ciudadanas.
La ley 172, firmada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el 19 de octubre de 2020, pero publicada en Gaceta Oficial el pasado viernes 4 de diciembre, segregó la comunidad de Cauchero del distrito de Bocas del Toro y la adscribió a Almirante. Cauchero, una comunidad de 3 mil 500 habitantes, principalmente de la etnia Ngäbe Buglé, de acuerdo con Sánchez, era el último bastión de la oposición en el distrito de Bocas del Toro, y es clave políticamente, porque sus votos deciden la alcaldía de Isla Colón.
En la solicitud presentada, Sánchez cita el artículo 41 de la Constitución, que especifica que las peticiones de este tipo deberán ser resueltas en un término de 30 días.
Se justifica
Por su parte, la Asamblea Nacional emitió un comunicado con el que justificó la creación de los corregimientos y desafió la crítica ciudadana. “Estos procedimientos de reorganización son producto de escuchar las necesidades de la población y los mismos van acompañados de una serie de estudios...”, plasmó la Asamblea en la nota. Según plantea el Legislativo, la creación de los nuevos corregimientos busca el “desarrollo equitativo del país”.
Actualmente, en la Presidencia reposa otra iniciativa que crearía 6 nuevos corregimientos en la comarca Ngäbe-Buglé.
