Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Ollanta Humala: la suerte de estos tres expresidentes peruanos debe ser decidida en los próximos días por la justicia.
La Sala Penal Nacional ordenó esta semana que Fujimori sea juzgado por la matanza de Pativilca de 1992, lo que podría llevarlo nuevamente a prisión tras conseguir en diciembre un indulto presidencial mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad.
Por su parte, Toledo y Humala están acusados de haber recibido dádivas de la constructora brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos en Perú bajo diferentes gobiernos.
“Los políticos estaban confiados porque estaban acostumbrados a arreglar las cosas”, a actuar con impunidad, pero ahora las cosas están cambiando, dijo el analista Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi.
La justicia debe determinar en unos días qué medidas cautelares impondrá a Fujimori (1990-2000), como prisión preventiva o prohibición de salir del país, aunque el juicio por la matanza tomará más tiempo.
Por su lado, la Corte Suprema peruana debatirá el 5 de marzo una solicitud de extradición de Toledo desde Estados Unidos, formalizada por el juez Richard Concepción Carguancho, quien además mantiene en prisión preventiva desde hace siete meses a Humala y a su esposa, Nadine Heredia.
Toledo (2001-2006) es acusado de “tráfico de influencias, colusión y lavado de activos”, por haber supuestamente recibido un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht para adjudicarle la construcción de una carretera en la Amazonía.
El exmandatario insiste en que es inocente y su abogado, Heriberto Benítez, atribuye las acusaciones a “motivos políticos”.
Si la Corte Suprema de la nación sudamericana da luz verde a la solicitud del juez Concepción, el Consejo de Ministros deberá aprobar la extradición del exmandatario para que la cancillería peruana la envíe al Departamento de Justicia de Estados Unidos, país donde reside Toledo.
“La corrupción no es nueva en el Perú, viene de épocas de la colonia. Perú tuvo un virreinato de altísima corrupción y en toda nuestra historia republicana”, dijo Benavente a Canal N.
Sin embargo, explicó que en los últimos años alcanzó un nivel tan alto, que los peruanos empezaron a sentir “indignación” ante ella.
“El peruano es corrupto, pero maneja un límite. El peruano veía que esa gran corrupción había sobrepasado largamente los límites que él podía permitirle a la corrupción”, expresó.
“Eso genera la indignación y la gente siente que le están robando (...) y no se equivoca”, señaló Benavente.
El expresidente Humala (2011-2016) y su esposa presentaron un recurso de amparo que debe ser resuelto en los próximos días por el Tribunal Constitucional.
Ambos son investigados por lavado de activos por el presunto aporte ilegal de unos tres millones de dólares para la campaña presidencial que habría hecho Odebrecht.
Los magistrados del Tribunal Constitucional escucharon el jueves los argumentos de los abogados de Humala y su esposa, así como los de los fiscales, y deben anunciar en unos días si acogen o rechazan el recurso de amparo o hábeas corpus.
Paralelamente, dos fiscales peruanos interrogarán en Sao Paulo este martes y miércoles al exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. Este ha declarado que entregó dinero a Humala en la campaña de 2011, que lo llevó al poder.
“Barata debería entregar documentos que prueben lo que dice (...). Humala y la señora Heredia niegan que se haya producido esa entrega”, dijo el abogado del expresidente, Julio César Espinoza, en una entrevista publicada por el diario La República.
El escándalo de Odebrecht también ha salpicado al actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien estuvo a punto de ser destituido en diciembre por el Congreso después de que la propia empresa reconociera que le había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas al presidente cuando era ministro de Toledo.
Tras estas revelaciones, la popularidad de Kuczynski cayó en picada: la desaprobación a su gestión subió al 75% este mes, según la encuesta de la consultora Ipsos.
Ahora “la condena a la corrupción es mucho más fuerte no solo en la realidad, sino en el espacio comunicacional público de redes sociales y medios de comunicación”, señaló Benavente.