Un representante de FCC se presentó ayer ante la Audiencia Nacional de España para presuntamente hablar de sus actos ilegales en Panamá.Ayer compareció ante un juez de la Audiencia Nacional de España un representante de FCC para responder sobre la obtención de contratos de obras públicas en Panamá, por los que se habrían pagado decenas de millones de dólares en coimas.
De momento, las deposiciones del ejecutivo de FCC se mantienen bajo secreto de sumario, dado que la investigación en España aún está en curso, a cargo de la fiscal anticorrupción Teresa Gálvez, quien investiga también el caso Odebrecht.
Esta fiscal es la misma que ha interrogado e investigado al operador financiero de Odebrecht Rodrigo Tacla Durán, quien ha involucrado al expresidente Juan Carlos Varela en la trama corruptiva de Odebrecht.
A la audiencia de ayer no pudo comparecer Timothy Scorah, representante legal de la sociedad panameña Aeon Group, usada por Odebrecht para pagar coimas a exfuncionarios panameños.
FCC responde a juez por corrupción en Panamá
Alfonso Iglesia, representante legal designado por la empresa española FCC, respondió durante aproximadamente una hora las preguntas del juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, titular del caso que acusa a la constructora española del pago de más de 82 millones de euros ($91 millones, al cambio actual) en coimas para obtener la adjudicación de la construcción de líneas del Metro y de la Ciudad de la Salud, entre otras obras en Centroamérica y Panamá.
Durante los interrogatorios estuvo presente la fiscal anticorrupción, Teresa Gálvez, quien desde hace años investiga las conexiones corruptivas del caso Lava Jato de Brasil en España.
De hecho, fue Gálvez quien dirigió las pesquisas en torno a la figura del exoperador financiero de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, que en un interrogatorio en febrero de 2017 desveló el modus operandi con el que durante años se blanqueó el dinero de las coimas repartidas por toda América Latina por parte de la empresa brasileña.
El juez Ismael Moreno imputó a las tres empresas subsidiarias de FCC (FCC Construcción, S.A.; FCC Construcción Centroamérica, S.A., y Construcciones Hospitalarias, S.A.) en calidad de personas jurídicas, por corrupción internacional en Panamá, al considerar que no activaron ni aplicaron “protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos” ni tanto menos implementaron “mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa”, según documentos de la acusación.
El magistrado también solicitó la comparecencia del representante legal de la sociedad panameña Aeon Group, Timothy Scorah –de momento en calidad de testigo–, sin embargo, hubo problemas burocráticos en la notificación de la cita y Scorah declarará ante el juez en fecha próxima. (Ver nota relacionada).
Aeon Group fue una de las sociedades pantalla, reconducibles a testaferros, creadas por la Banca Privada de Andorra (BPA) para que Odebrecht pudiera ejecutar sin dejar rastro su esquema de pagos de coimas a una larga lista de políticos de primera línea que favorecieron a la poderosa constructora con contratos en varios países de América Latina.
Por sus cuentas llegaron a transitar más de 66 millones de dólares, según las investigaciones. En marzo de 2015, el organismo de control financiero de Andorra –el Instituto Nacional de Finanzas (INAF)– intervino el banco andorrano después de que Estados Unidos denunciase que la institución se dedicó durante décadas a blanquear el dinero sucio del crimen organizado, en referencia a la mafia venezolana, entre otros casos.
El juez Moreno explicó que en la trama de corrupción participaron varios altos directivos (actualmente cesados) de las mercantiles de FCC, que maniobraron los contratos denunciados y encubrieron el pago de las coimas con supuestos trabajos de consultoría comercial y otras artimañas entre 2010 y 2014. La estrategia corruptiva, según la información aportada por las autoridades suizas, también consistía en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el Metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio.
“Fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos”, subraya el magistrado.
Entre los receptores de las comisiones estaría un testaferro del ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli.
El magistrado hace especial hincapié en la responsabilidad penal de la compañía. “No se definió una ética de empresa ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente”, explicó Moreno. “Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente la libre y recta competencia en la contratación internacional”, aseveró.
De momento, la investigación está en una fase previa y se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no está previsto que aún trascienda a la prensa el contenido de las deposiciones de FCC.