El cerco judicial acosa a Donald Trump. La fiscal de Nueva York, que desde 2019 investiga al grupo familiar Organización Trump, acusa al expresidente y a dos de sus hijos de prácticas “fraudulentas” en materia fiscal por las que la justicia quiere interrogarlos.
En un documento judicial de más de 100 páginas y un comunicado difundido cerca de la media noche del martes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que “encontró pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la Organización Trump han valorado falsa y fraudulentamente múltiples activos”.
Los acusa de haber “estimado incorrectamente el valor de estos activos ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos”.
James, que desempeña un cargo electo y es miembro del Partido Demócrata, investiga desde hace tres años un posible fraude fiscal en el seno de la Organización Trump, el grupo familiar del 45º presidente de Estados Unidos (2017-2021) y de sus hijos.
Según el documento, también sospecha que la Organización Trump, infló “fraudulentamente” el valor de algunas propiedades para solicitar préstamos de los bancos y de subestimar su valor al fisco para pagar menos impuestos.
A fines de diciembre y principios de enero, la fiscal citó a declarar bajo juramento al expresidente y a su hijo Donald Jr y a su hija Ivanka. Pero la familia Trump no respondió a las citaciones y ha recurrido a todo tipo de subterfugios para eludir dichas citaciones y retrasar la investigación.
Una portavoz de Donald Trump, Liz Harrington, dijo ayer miércoles en la red Twitter que “las acusaciones de (de Letitia James) no tienen fundamento y serán combatidas”. Una de sus abogadas, Alina Habba, refuta en un comunicado transmitido a la AFP las “pruebas tangibles” que maneja la fiscal.
La familia Trump acusa desde hace meses a la fiscal de tener motivaciones “políticas” en la instancia y calificó su investigación de “amenaza contra nuestra democracia”.
Pero según extractos del documento judicial presentado ante el Tribunal Supremo de Nueva York, Donald Trump “tenía la máxima autoridad sobre una amplia franja de conductas de la Organización Trump que involucraban declaraciones erróneas a las contrapartes, incluidas las instituciones financieras y el Servicio de Impuestos Internos”.
En cuanto a su hija Ivanka, “hasta enero de 2017, la Sra. Trump fue un contacto principal para el prestamista más grande de la Organización Trump, Deutsche Bank. En relación con este trabajo, la Sra. Trump hizo que se presentaran declaraciones financieras engañosas a Deutsche Bank y al gobierno federal”, sostiene el documento judicial del caso.
Asimismo, desde “2017 Donald Trump Junior tenía autoridad en numerosos documentos que contenían estimaciones de activos falaciosos”, en particular, un penthouse situado en la Trump Tower, que en la declaración era tres veces más grande de su tamaño real y cuyo precio fue inflado en 200 millones de dólares.
En esta partida de ajedrez que libra con los Trump, la fiscal repitió que la justicia civil de Nueva York “no frenará esta investigación” y que “nadie está por encima de la ley”.
Eric Trump, otro hijo del multimillonario republicano y vicepresidente de la Organización Trump, fue interrogado por la fiscalía en octubre de 2020.
Donald Trump también es objeto de otras investigaciones en Estados Unidos.
En Washington, está tratando de evitar que una investigación legislativa sobre el ataque del 6 de enero por parte de sus partidarios al Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos en Washington, acceda a los registros de la Casa Blanca relacionados con ese día.
La Organización Trump también está siendo investigada por la fiscal de distrito de Manhattan por posibles delitos financieros y fraude en el área de seguros.
En julio del año pasado, la Organización Trump y su jefe de finanzas, Allen Weisselberg, se declararon inocentes en un tribunal de Nueva York de 15 delitos graves de fraude y evasión de impuestos.
Su juicio está previsto que comience a mediados de este año.
Trump también fue interrogado el 18 de octubre durante más de cuatro horas en octubre como parte de una demanda de un grupo de manifestantes que alegan que sus guardias de seguridad los agredieron hace seis años.
También está luchando para evitar que años de sus declaraciones de impuestos sean entregadas a los fiscales.
