Fiscales y policías peruanos allanaron ayer las viviendas de funcionarios investigados por supuestas irregularidades en la contratación de un cantante, caso por el cual el Congreso busca destituir al presidente Martín Vizcarra.
Los registros se llevaron a cabo en “ocho inmuebles de investigados y testigos en el caso de las presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisneros Carballido, como proveedor del Ministerio de Cultura”, dijo el Ministerio Público en un comunicado.
El Congreso aprobó el viernes someter a un juicio de destitución por “incapacidad moral” a Vizcarra, acusado de instigar a sus colaboradores a mentir sobre la contratación del cantante.
Una de las casas registradas es la de la secretaria general de la Presidencia peruana y asistente personal de Vizcarra, Miriam Morales, la funcionaria más cercana al mandatario, investigada por este caso. También fue allanado el domicilio de una asistente del despacho presidencial, Karem Roca.
Tanto Morales como Roca son figuras clave en unos controvertidos audios grabados a escondidas en los que se escucha a Vizcarra hablando sobre el escándalo e incitándolas a mentir.
Dichos audios son la base de la acusación por la que el Congreso inició un proceso que podría desembocar en la destitución de Vizcarra el 18 de septiembre, cuando voten los 130 legisladores.
La fiscal provincial Janny Sánchez Porturas está a cargo de las investigaciones, que involucran a 14 personas. Todos ellas son investigadas por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible en agravio del Estado, según la Fiscalía.
También fue registrado en busca de documentos el domicilio del protagonista del escándalo, Richard Cisneros, así como las casas de cinco funcionarios del Ministerio de Cultura, que contrató al cantante entre 2018 y 2020 por un monto de 175 mil 400 soles (unos 50 mil dólares).
Vizcarra ha negado haber intervenido en las contrataciones del cantante, a quien dijo que conoció durante la campaña electoral de 2016, en la que él era candidato a vicepresidente como compañero de Pedro Pablo Kuczynski, que ganó los comicios y renunció en marzo de 2018.
El mandatario, quien sustituyó a Kuczynski, ha pedido que se investigue el caso, pero ha denunciado que el Congreso utiliza el escándalo como parte de un “complot político” para sacarlo del poder.
El Congreso investiga el caso desde hace unos tres meses, cuando la prensa reveló los contratos.
Aunque los adversarios de Vizcarra lograron llevarlo al banquillo, en el Congreso, este viernes, no consiguieron los 104 votos necesarios, de un total de 130, para destituirlo el mismo día.
La moción fue aprobada por 65 votos, 36 en contra y 24 abstenciones. Se requerían 52 votos para aceptarla. Para destituir al presidente, quien carece de partido y de bancada, se requieren 87 votos. Luego que el viernes próximo Vizcarra comparezca en el Congreso para defenderse, el plenario debatirá y votará.
Vizcarra recibió una estruendosa muestra de apoyo con un #CacerolazoPorElPerú, convocado por ciudadanos en las redes el viernes, y que se hizo oír por largos minutos en algunos distritos de Lima, como Miraflores, Barranco, Magdalena del Mar y Jesús María.
Ante el plenario, el legislador opositor José Vega dijo que esos audios “corroboran” las presuntas irregularidades que el Congreso investigaba desde hace meses.
Pero la parlamentaria izquierdista Mirtha Vásquez criticó que sus colegas estuvieran “impulsando una vacancia sobre una investigación que no ha terminado”.
“La destitución es muy peligrosa en estas circunstancias, faltando siete meses para las elecciones generales de abril”, dijo el analista político Fernando Rospigliosi.
“Cambiar de gobierno a estas alturas por un gobierno conformado por el Congreso sería muy peligroso”, por su nivel de improvisación en medio de una crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia, agregó.