La Fiscalía Anticorrupción culminó ayer sus alegatos con una solicitud de llamamiento a juicio para 541 personas, en la audiencia preliminar por peculado doloso en perjuicio del Estado a través del proceso de compensación de buses diablos rojos entre los años 2010-2014.

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Las fiscales anticorrupción, Kyra Tascón y Anilú Batista, alegaron que el proceso de compensación de buses se “convirtió en un negocio” para personas que ni siquiera eran transportistas y lograron hacerse de fondos públicos de forma ilegítima.

En su alegato de conclusión las funcionarias recalcaron que funcionarios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, directivos de concesionarias y transportistas se asociaron para obtener beneficios que no les correspondían y ocasionado una lesión al Estado por $24 millones.