La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pidió una pena de hasta siete años de cárcel para el expresidente Rafael Correa, juzgado en ausencia por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos con el Estado.
El exmandatario y otros 19 procesados –entre ellos el exvicepresidente Jorge Glas– enfrentarían una sanción de entre cinco y siete años de cárcel en caso de ser hallados culpables.
La justicia versus Rafael Correa
Este es el segundo juicio que enfrenta el expresidente, residenciado en Bélgica desde 2017. El otro corresponde al presunto secuestro de un opositor en 2012, pero ese proceso está suspendido, pues la justicia requiere la presencia del exmandatario para juzgarlo.
Glas cumple una pena de seis años de cárcel por recibir coimas de Odebrecht.
La fiscalía también pidió una reparación para el Estado de $1.130 millones.
Salazar explicó que los empresarios habrían pagado a funcionarios unos $7 millones en sobornos para conseguir contratos. La fiscalía se abstuvo de indagar a Odebrecht, pese a que se le cita en la investigación periodística del portal La Fuente que dio origen al caso.
Según Salazar, “se creó una estructura para recibir sobornos a cambio de estos contratos. En la cúspide de la estructura se ha determinado que se encontraba el expresidente Correa”.