Aunque la Contraloría General de la República ordenó suspender los gastos de movilización que recibían alcaldes y representantes de corregimiento del país, para darle paso a los “imprevistos”, el Ministerio Público (MP) adelanta una investigación por la supuesta comisión del delito de peculado en perjuicio de la junta comunal de Ernesto Córdoba Campos, precisamente por el uso de los gastos de transporte.
Ernesto Córdoba Campos es un corregimiento en el norte de la capital y su representante es Rubén Medina, de Cambio Democrático.
En febrero pasado, la fiscal adjunta anticorrupción, Erika Pinilla, pidió una opinión a la Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González, sobre ¿cuál es el uso que deben tener los gastos de movilización de acuerdo con la Ley de Descentralización?
González basó su respuesta en una opinión que ya había dado sobre el tema en marzo de 2020: que ninguna entidad estatal que no sea el Ministerio de Economía y Finanzas puede hacer modificaciones, incluir conceptos o pretender usar códigos presupuestarios para otro fin no descrito en el Manual de Clasificación Presupuestario del Gasto Público.
Asimismo, que para reconocerlos la autoridad a cargo debe determinar cuándo otorgarlos y que el funcionario al que se le da este beneficio debe rendir un informe, en el que detalle la misión que realizó, ya que de otra manera resulta “inviable” otorgar gastos de transporte cuando estos traslados son realizados con vehículos de la entidad, pues se afectaría fondos municipales.
Además, que destinar montos tan elevados y, a la vez, “individualizados”, pone en riesgo el patrimonio fiscal del municipio.
González también planteó estos argumentos en una carta que mandó a finales de enero pasado al contralor Gerardo Solís, luego de que este lo responsabilizara de no hacer una revisión minuciosa de los pagos de estas erogaciones que, dijo, se ejecutaban desde hace 15 años.
El MP investiga otras dos denuncias vinculadas con los gastos de movilización, presentadas por el abogado Abdiel González. Una es contra el contralor Solís por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y, según fuentes del MP, está activa.
La otra es contra el alcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, y los ocho representantes de corregimiento de ese distrito de Panamá Oeste.
