A pesar de que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) ya entregó el pasado martes a la Fiscalía Anticorrupción las pruebas serológicas practicadas a 16 de las 32 personas supuestamente inoculadas con dosis de la vacuna Pfizer contra la Covid-19 de forma clandestina, aún ese despacho no ha definido si formulará nuevos cargos.
Hasta ayer no se había definido si la fiscalía solicitaría una nueva audiencia de imputación para presentar nuevos cargos contra Matías Pérez Escudero, único detenido por este caso, u otras personas, revelaron fuentes ligadas al proceso.
Según las fuentes, otra persona vinculada con la investigación estaría en conversaciones con la fiscalía para aportar nuevas evidencias relacionadas con las jornadas realizadas de forma clandestina el 1 y 7 de junio en Punta Pacífica y Coco del Mar, respectivamente.
José Vicente Pachar, director del Imelcf, precisó en una entrevista divulgada a través de la cuenta de Twitter de esa entidad que el trabajo del instituto en este caso fue poner en lenguaje legal los hallazgos del Instituto Conmemorativo Gorgas, encargado de realizar las pruebas.
Pachar reconoció que el análisis de estas pruebas no es tan sencillo como, por ejemplo, una prueba de embarazo, ya que se deben analizar muchos parámetros, incluyendo el estado inmunológico de la persona, su edad y estado de salud.
A la vez, detalló que, al tratarse de una técnica nueva de vacunación, también introduce nuevas dificultades para su análisis.
El pasado 18 de junio, la fiscalía ordenó la conducción de una segunda persona que, al parecer, participó junto a Pérez Escudero en las jornadas de vacunación.
Sin embargo, desde esa fecha, las autoridades no han logrado ubicar a esta persona, un hombre que responde al nombre de Aron, y que fue visto en las jornadas.
Pérez Escudero alegó en su audiencia de imputación estar dispuesto a colaborar con la fiscalía y revelar la procedencia de las vacunas, a cambio de una medida cautelar de casa por cárcel.
