Un nuevo obstáculo enfrenta la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga los pagos de sobornos de Odebrecht en Panamá.
Varios de los investigados en el proceso tienen fuero penal electoral, luego de que participaran en las elecciones internas que celebró Cambio Democrático (CD) el pasado 15 de octubre, camino a renovar sus estructuras. En esa lista figuran los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes, de acuerdo con lo que confesó André Rabello, exsuperintendente de Odebrecht en Panamá, habrían recibido pagos por más de $50 millones.
Según fuentes judiciales, hasta que el Tribunal Electoral (TE) no desafuere a los imputados en el caso, no podrá incorporar la documentación aportada en los tres acuerdos validados por el Juzgado Decimosegundo en la audiencia del pasado 9 de noviembre.
Un informe del TE indica que el desafuero de los hermanos Martinelli Linares está en trámite. En este caso, el Ministerio Público investiga la posible comisión del delito de blanqueo de capitales, expediente que tiene 62 imputados.
IMPUTADOS TIENE CORAZA LEGAL
En el documento en el que la fiscal especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, pide a los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia que revoquen el fallo del pasado 25 de octubre del Juzgado Duodécimo Penal sobre el caso Odebrecht, se hace mención a otro de los escollos que enfrenta el proceso: el fuero penal electoral que protege a algunos de los imputados.
Cuando Moore enumera las diligencias que tienen pendientes, asegura: “Incluso el levantamiento del fuero penal electoral de cuatro imputados, por lo cual esta causa está suspendida parcialmente de acuerdo con el Tribunal Electoral (TE) [Ley 29 del 29 de mayo de 2017]”.
Dos de los procesados que tienen este beneficio legal son los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Ambos participaron como candidatos para convencionales del partido Cambio Democrático (CD), en las elecciones internas que celebró esa agrupación el pasado 15 de octubre. Ricardo Alberto fue postulado a convencional por Soná, provincia de Veraguas, y Luis Enrique compitió por el mismo puesto pero en Tocumen, en la capital.
Se desconoce si ganaron la contienda ya que no se ha publicado el boletín electoral con la lista de convencionales electos de CD. Pero, convencionales o no, ambos están amparados por el artículo 218C del recién reformado Código Electoral que dispone que el fuero electoral tendrá vigencia para los candidatos a elecciones internas o primarias, desde que quede en firme su postulación y hasta 15 días después de ejecutoriada la proclamación en la que participen. Luego de las elecciones de CD, el TE debió resolver algunas impugnaciones, por lo que que varios de los puestos aún no están en firme.
TRÁMITES
Sin embargo, la Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó el levantamiento del fuero electoral de varios de los que participaron en esos comicios. Aparte de los hermanos Martinelli Linares, figuran en esa lista el expresidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros de Panamá Riccardo Francolini y el exministro de Obras Públicas Federico José Suárez, quienes también corrieron para convencionales. Francolini en el corregimiento de Juan Díaz, en la capital, y Suárez, en barrio Colón en La Chorrera.
Los cuatro, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción, están imputados en el expediente identificado con el número de entrada 01-2017, en el que se investiga la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, en relación con el pago de sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios y particulares.
Un informe del TE establece que en el caso de Ricardo Alberto Martinelli Linares, se informó sobre la orden de levantamiento de fuero a la Dirección Regional de Organización Electoral de Veraguas el pasado 18 de octubre.
En tanto, en lo que concierne a Luis Enrique Martinelli Linares, se informa que ya se hizo la primera notificación, aunque no precisan la fecha. Como es de conocimiento público, ambos se encuentran fuera del país y no han enfrentado los procesos judiciales que se les siguen. De hecho, la fiscalía solicitó a Interpol que emitiera alertas rojas para que los localizara.
Mientras que Francolini se despojó voluntariamente del fuero electoral el pasado 18 de octubre. En el caso de Suárez, el informe del TE dice que se fijó el edicto 22 el pasado 27 de octubre, pero no precisan si se le revocó o no la protección legal. El caso de los Martinelli Linares y de Suárez está en manos del magistrado del TE Alfredo Juncá.
LA DELACIÓN
Los dos hijos varones del expresidente Martinelli, de acuerdo con André Rabello, exsuperintendente de Odebrecht en Panamá, habrían recibido pagos por más de $50 millones en sociedades ubicadas en distintas jurisdicciones.
La información quedó al descubierto en la audiencia del pasado jueves 9 de noviembre, donde el juez Óscar Carrasquilla avaló tres acuerdos de colaboración con ejecutivos de Odebrecht: Rabello, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo Da Rocha Soares.
Según lo que leyó la fiscal Moore el día de la audiencia, Rabello confesó que los hermanos Martinelli Linares se acercaron a la compañía antes de que su padre tomara posesión de la Presidencia de la República en julio de 2014. Según el que fue el principal hombre de Odebrecht en Panamá, “Odebrecht no pagó para adjudicarse contratos”.
Los servicios que les ofrecieron los hijos de Martinelli eran por “un trato especial” y para ayudarles a vencer obstáculos administrativos, agilizar el pago de facturas y la formalización de adendas, entre otros.
Mientras que Francolini, según Rabello, habría recibido $1.8 millones. Pero, en un acto celebrado en Juan Díaz, para conmemorar el 10 de noviembre, él negó haber recibido dinero de la constructora que en tres gobiernos ha alcanzado contratos que sobrepasan los $9 mil millones.
De acuerdo con lo que confesaron los tres delatores en la audiencia, los pagos “indebidos” que la constructora hizo en Panamá sobrepasan los $86 millones.
EL FUTURO
El futuro del caso está ahora en manos de los cinco magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia: Adolfo Mejía, Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta, María Lourdes Estrada y Luis Mario Carrasco. Esto, luego de que la fiscal Moore apelara el fallo dictado por la jueza suplente Lania Batista (Juzgado Duodécimo) que le puso pausa al proceso, y ordena que se entregue la vista fiscal para su respectiva calificación.
El expediente tiene 62 imputados y 342 tomos.