El movimiento político fundado hace tres décadas por el expresidente peruano Alberto Fujimori se juega su futuro desde ayer en la justicia.
La justicia abrió una audiencia para resolver si acoge o no un pedido de la fiscalía de inhabilitar al partido Fuerza Popular durante dos años y medio, en el marco de la causa por supuestos aportes ilegales de Odebrecht.
La fiscalía busca con esta medida despejar el camino para seguir las investigaciones contra Keiko y su entorno por supuestamente recibir aportes ilegales de campaña de Odebrecht.
La dos veces candidata presidencial (2011 y 2016) —quien niega haber recibido dinero para sus campañas de 2011 y 2016— tildó de “arbitrario” el pedido de la fiscalía en un tuit minutos antes de la audiencia, en la que ella no participa y que se desarrolla en forma virtual.
El fiscal José Domingo Pérez dijo durante la audiencia que una organización criminal se constituyó dentro de Fuerza Popular para obtener poder político y recibir dinero ilícito. “Estamos solicitando esta suspensión porque quien ejerce actualmente al día de hoy la representación y presidencia del partido es Keiko Fujimori quien tenía conocimiento de la ilicitud del dinero que ingresaba”, agregó.
Según Pérez, el Tribunal Constitucional ya dictaminó que las organizaciones políticas pueden ser sancionadas penalmente por lavado de activos.
Pero el abogado de la dirigente, Christian Salas, negó que el partido sea una “organización criminal”. “El partido, según la propia fiscalía, había sido instrumentalizado. Eso es una hipótesis que aún está en parte de la investigación”, afirmó.
Después de “más de tres años de investigación, el fiscal debería presentar elementos de convicción suficientes” y no meras sospechas, añadió Salas, quien solicitó al juez que “declare improcedente este juicio”.
Luego de las exposiciones del fiscal y el defensor, el juez cerró el debate y dijo que emitirá su fallo “en un plazo prudente”, de acuerdo a su carga de trabajo.