A pesar de que el Consejo de Gabinete declaró concluido el término para la utilización del procedimiento especial de adquisición de bienes, servicios y obras, que se estableció durante la pandemia de la Covid-19, las instituciones que se manejaron bajo este esquema tendrán cuatro meses más para entregar un informe de cómo se invirtieron los dineros.
El viceministro de la Presidencia, Carlos García, explicó que las entidades que solicitaron recursos para el procedimiento especial de adquisiciones de emergencia, a fin de atender requerimientos hasta el 31 de diciembre de 2021, “dispondrán, como máximo, hasta la última reunión del Consejo de Gabinete del mes de abril de 2022, para presentar el informe de lo actuado, cuando concluye y liquida el presupuesto de 2021”.
Tradicionalmente, el presupuesto general se liquida en los primeros meses del año siguiente. Por ejemplo, para la vigencia del presupuesto de 2020, la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas acordaron extender su liquidación hasta el 31 de mayo de 2021.
En el informe, las entidades deben detallar las compras hechas y será publicado en el sistema electrónico de contrataciones públicas Panamá Compra, “a más tardar los cinco días hábiles siguientes a la presentación”.
Una nota de prensa de la Presidencia informó que el miércoles pasado, el Gabinete aprobó un proyecto de resolución (la número 130-21) que reforma parcialmente la Resolución de Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020, que declara el estado de emergencia nacional debido a la pandemia del coronavirus. El texto de la nueva resolución fue publicado la noche de este jueves en Gaceta Oficial.
La decisión, que según el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se aprobó de forma unánime, mantiene vigente todas las medidas sanitarias contempladas para el combate del virus, así como las de carácter social y económico, como el Plan Solidario, el vale digital y las bolsas de alimentos.
Para seguir con las ayudas solidarias, se contemplaron $400 millones en el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 2022. Las ayudas, según el presidente Laurentino Cortizo, se mantendrán por los próximos seis meses.
Para el diputado independiente y miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Edison Broce, esto significa que se está dando demasiado tiempo para cumplir con la transparencia. “La rendición de cuentas debe darse cuanto antes y no pretender agotar todo el plazo dado para que los informes lleguen concluyendo la legislatura y entrando la Asamblea en receso”, dijo.
El receso del Legislativo es del 30 de abril al 30 de junio.
Advirtió que hay que estar vigilantes para que el manejo de esas cuentas no se convierta en un elemento de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo para la elección de próximo presidente de la Asamblea, el cual debe tomar posesión el 1 de julio de 2022.
Con Broce coincidió el exfiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, al señalar que esto perpetúa la “opacidad” sobre la cantidad de recursos asignados a las compras por la pandemia.
Dijo que cada funcionario debe tener esos informes casi listos y detallados y ese trabajo les tomaría como máximo un mes, por lo que posponer el trámite hasta abril crea más “suspicacias”.
Corte avaló el estado de emergencia
En un fallo del pasado 7 de octubre, la Corte Suprema de Justicia decidió que el estado de emergencia declarado por el gobierno el 13 de marzo de 2020, no es inconstitucional. El fallo, bajo la ponencia del saliente magistrado Hernán De León, concluyó que la Resolución de Gabinete 11 del 13 de marzo de 2020, no ordena restricciones a la libertad individual, la libre circulación o el libre tránsito nacional e internacional, y no incide en los derechos y garantías de las ciudadanos en general.
Remarca que dicha medida surgió como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, declarada en todo el mundo el 11 de marzo de 2020.
