El procurador de la Administración Rigoberto González, o el “abogado del Estado”, como él mismo se denomina, tiene una opinión contundente sobre los gastos de movilización que reciben alcaldes y representantes de corregimiento del país.
Asegura que no forman parte de la estructura que establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público, del Ministerio de Economía y Finanzas. Añade que la autoridad a cargo debe determinar cuándo es necesario reconocer estos gastos a un funcionario, y considera que este debe presentar los respectivos informes detallando la misión. De lo contrario, agrega, resulta “inviable” otorgar gastos de transporte cuando estos traslados son realizados con vehículos de la entidad, pues se estaría afectando fondos del presupuesto municipal.
Las flotas
De acuerdo con documentos de la Contraloría, municipios y juntas comunales del país tienen vehículos comprados con dinero público. Por ejemplo, el parque vehicular de 23 de las 26 juntas comunales del distrito capital consta de al menos 204 carros: desde volquetes y camiones, hasta carros 4x4 de último modelo, que en la mayoría de los casos son usados para transportar a las principales autoridades.
Sin embargo, todos los concejales del Municipio de Panamá, al igual que el alcalde José Luis Fábrega, reciben $5 mil mensuales para gastos de transporte.
“Destinar estos gastos con montos tan elevados de manera mensual pone en riesgo el patrimonio fiscal del municipio”, opina el procurador Rigoberto González, quien recuerda además que “muchos” de los municipios son subsidiados “y enfrentan limitaciones económicas que no pueden ser subsidiadas por falta de presupuesto”. Esto, a su juicio, “contraviene el principio de responsabilidad fiscal”.
El contexto
La opinión del procurador de la Administración sobre los gastos de movilización forma parte de una respuesta que dio a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), entidad que le consultó si era jurídicamente viable otorgar estos gastos a alcaldes y representantes, pese a que estos también reciben gastos de representación, viáticos de transporte, alimentación, hospedaje, y combustible.
González también consignó esta opinión en una carta de cuatro páginas que envió el pasado martes 25 de enero, al contralor Gerardo Solís. Esto, a raíz de que un día antes, en un comunicado de prensa, Solís, quien lleva dos años en el cargo, lo responsabilizara de no hacer una “revisión minuciosa” de los pagos de estas erogaciones que están ejecutándose desde hace 15 años.
En esa carta González también le dice a Solís que el 16 de febrero de 2018, envió a la Corte una opinión con motivo de una demanda de nulidad que había interpuesto el entonces contralor Federico Humbert contra el Acuerdo 72 de 30 de diciembre de 2016, del Municipio de Arraiján, que aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 2017. González pidió a la Corte declarar la nulidad de dicho acuerdo municipal, por considerar que ese gasto no se ajustaba a las normas de administración presupuestarias.
El cruce de cartas de las dos autoridades se da en medio de una investigación que adelanta la Procuraduría de la Administración relacionada con el papel de la Contraloría en la fiscalización de los fondos de movilización. Al año, estas prebendas que reciben las autoridades locales le cuestan al Estado $12,3 millones. Las mismas cobraron vida durante el gobierno del perredista Martín Torrijos (2004-2009), administración en la que también se duplicó de $300 a $600 (por reunión) el monto de las dietas que reciben los representantes de corregimiento del Municipio de Panamá.
Sobre Solís
González se refirió ayer al desencuentro con Solís.
“Si el señor contralor requiere de alguna opinión y alguna orientación con respecto a ese o algún otro tema, tenga la seguridad que ese es el papel del Procurador. Nosotros no estamos aquí para crear una sensación de controversia con los funcionarios”, manifestó.
De paso adelantó que le está dando trámite a la denuncia que interpuso en su despacho el abogado Abdiel González, contra el alcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, y los ocho representantes de corregimiento. El abogado pidió que se investigue la conducta de esos funcionarios en el uso de fondos de movilización durante los años 2020 y 2021, el periodo más crítico de la pandemia por la Covid-19.
Tanto el alcalde Rodríguez, como los concejales reciben $5 mil mensuales en concepto de gastos de movilización. El abogado denunciante solicitó verificar si estos nueve funcionarios hicieron buen uso de los $5 mil mensuales en gastos de movilización que se asignaron del presupuesto municipal de 2020 y 2021. Sustentó que para esos años medio país estaba semiparalizado por la pandemia de la Covid-19. “Estamos dando trámite a ese aspecto en concreto. Estamos solicitando al municipio una rendición de cuentas y que, por lo tanto, nos envíen los documentos, porque de eso trata la denuncia”, contó el procurador.
Con respecto a la investigación relacionada con el rol de la Contraloría en la fiscalización de los fondos de transporte, manifestó que ya esa institución está haciendo lo que desde el principio se le pidió: una revisión de los gastos de movilización y otros beneficios. Por tanto, añadió, “se tiene que esperar a que la Contraloría haga su trabajo y, una vez hagan sus investigaciones, informar a la Procuraduría de los resultados”.
