El ministro de la Presidencia de Costa Rica, Víctor Morales, negó ayer que el gobierno hubiera vulnerado la información privada de la población con una polémica unidad de recopilación de datos.
“Para el gobierno de la República, las libertades individuales, la información privada y la vida íntima de las personas son sagradas e inviolables', declaró Morales en una comparecencia ante legisladores que investigan la posible violación de privacidad.
La preocupación surgió por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que, según Morales, “pretendía institucionalizar la ciencia de datos como forma de eliminar sesgos y asegurar el mayor impacto y eficiencia” de las políticas públicas.
La Fiscalía allanó el viernes pasado la Casa Presidencial y el Ministerio de Planificación en busca de pruebas de posibles delitos en la creación y funcionamiento de la UPAD.
La fiscal general Emilia Navas dijo ayer en rueda de prensa que en el allanamiento fueron decomisados dos teléfonos celulares y una computadora del presidente, Carlos Alvarado, así como dispositivos electrónicos del ministro Morales y los tres funcionarios de la UPAD.
Morales aseguró a los legisladores que el grupo de procesamiento de datos “nunca tuvo acceso a información de tarjetas de crédito, salarios, cuentas bancarias, antecedentes judiciales o médicos, información de carácter fiscal o bancaria ni a información de las redes sociales”.
Reconoció que la publicación del decreto que creó la unidad, el pasado 21 de febrero, fue “técnicamente débil e inexacto”, pero confió en que la investigación de la Fiscalía comprobará que no se cometieron delitos.
El pasado viernes, la Fiscalía General realizó 10 allanamientos en la Presidencia, el Ministerio de Planificación y cuatro residencias particulares, según informó en un comunicado.
Precisó que ocho personas son investigadas en el caso, incluido el presidente Alvarado –quien no se encontraba en Casa Presidencial al momento del allanamiento–, el ministro Morales y los tres integrantes de la UPAD.
La investigación busca pruebas de posibles delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.
“Es la forma en que nuestra institucionalidad democrática puede dar a conocer la verdad y dar confianza a la ciudadanía”, afirmó el presidente en un video refiriéndose al allanamiento.