El gobierno de Daniel Ortega emprendió en las últimas semanas una nueva escalada de acciones para frenar el resurgimiento de protestas opositoras, según denuncias de organizaciones humanitarias y analistas, en medio de presiones de la OEA y amenazas de sanciones de Estados Unidos.
Nicaragua vivió un estallido en abril de 2018 por una reforma a la seguridad social que se transformó en un llamado sostenido de la oposición a la salida de Ortega del poder.
Los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que se extendieron por meses, dejaron entonces 328 muertos, cientos de encarcelados y 88 mil exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Las últimas dos semanas han visto una ofensiva contra los miembros de la oposición que intentan organizarse pacíficamente”, denunció la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización no gubernamental dedicada a la promoción de los derechos humanos.
La persecución, según términos opositores, apunta contra cualquier manifestación contra el gobierno. Entre otras acciones, denuncian encarcelamiento de jóvenes que protestan gritando consignas antigubernamentales, cerco a templos religiosos por dar refugio a opositores y la detención de activistas por intentar proveer suministros a participantes de una huelga de hambre.
A las fuerzas de seguridad se suman ataques de grupos simpatizantes del gobierno, como la incursión en templos religiosos.
La serie de embates coincide con los planes de la oposición de reagruparse, tras años de divisiones que han facilitado a Ortega gobernar por 12 años, y el regreso del exilio de conocidas figuras críticas del gobierno, como el periodista Carlos Fernando Chamorro.
De acuerdo con el analista y exdiplomático Hugo Rodríguez, la escalada en la “represión” responde a lo que el presidente nicaragüense ve como un avance de la oposición, a “una desesperación ante la posibilidad de que se produzca un nuevo desborde popular” como en el pasado reciente.
A juicio de Rodríguez, el mayor temor del mandatario es que una reactivación de las protestas pueda, con apoyo internacional, “desalojarlo de poder”.
Ortega, un exguerrillero de 74 años, gobierna desde 2007 bajo acusaciones de nepotismo y corrupción por parte de la oposición.