El ministro consejero de facilitación de la inversión privada, José Alejandro Rojas, señaló que el Gobierno ordenó la suspensión de 381 mil personas jurídicas por no cumplir los requisitos establecidos en la ley.
La Ley 52 de 2016 faculta al Registro Público a suspender los derechos corporativos de personas jurídicas (como sociedades anónimas) por permanecer sin designar un agente residente, por no pagar la tasa única durante tres años o por estar morosas en el pago de multas.
Esta es una de las acciones del Ejecutivo para demostrar efectividad en la lucha contra el blanqueo.
