La decisión del contralor Gerardo Solís de eliminar los gastos de movilización a 669 alcaldes y representantes significa que los gobiernos locales dejarán de pagar unos $12 millones 300 mil al año por este concepto.
Tras meses de controversia entre la Procuraduría de la Administración y la Contraloría General de la República, Solís anunció el pasado jueves la suspensión definitiva de estos pagos. En un comunicado, indicó que la figura de los gastos de movilización data de hace más de 15 años, pero su administración es la primera que la investigó y revisó.
Previamente y durante meses, Solís defendió la autonomía de los gobiernos locales respecto a estos gastos. Reiteró, una y otra vez, que lo concejos están facultados por ley para disponer de su presupuesto y asignarse estos ingresos mensuales en concepto de movilización.
Los cuestionamientos ciudadanos a los gastos de movilización se basan en que, en ciertos casos, los municipios y juntas comunales tienen asignados vehículos, choferes y hasta presupuesto para combustible.
Luego de semanas de presión ciudadana y recursos jurídicos presentados, Solís anunció el pasado 24 de enero que suspendería provisionalmente el pago de estos gastos para llevar a cabo una investigación. Un mes después, personal de la Contraloría concluyó que lo correcto era cancelarlos de forma definitiva.
Durante su más reciente comparecencia ante la Asamblea Nacional, el contralor habló de la “cultura de corrección” que está implementando en esa entidad.
“Significa hacer lo correcto como Contraloría... Los funcionarios de la Contraloría tenemos la tarea, la misión de hacer lo correcto”, dijo el pasado 5 de enero ante el pleno de la Asamblea. “Si hay algo que se presenta y está incorrecto, lo corregimos”.
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— Asociación de Municipios de Panamá (@AmupaOficial) March 4, 2022
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Para el abogado Ernesto Cedeño, cuyas solicitudes de información formal y denuncias ante la Procuraduría de la Administración desencadenaron los cuestionamientos y la investigación a estos gastos de movilización, la decisión de Solís es acertada. No obstante, ayer presentó una solicitud ante la Procuraduría de la Administración para que se solicite a la Contraloría el informe del personal de fiscalización que recomendó la suspensión de los pagos.
“Queremos el sustento. Se requiere un audito de Contraloría que determine si hubo lesión patrimonial”, dijo.
Agregó que estaría dispuesto a presentar recursos para recuperar los fondos, por lo cual necesita el informe sobre los hallazgos de la Contraloría.
Según la base de datos recopilada con la información que inicialmente entregó la Contraloría a Cedeño, 669 alcaldes y representantes a nivel nacional contaban con algún tipo de gasto de movilización que se les pagaba de forma mensual. Los más onerosos ascendían hasta $5 mil mensuales. Era el caso de representantes de corregimiento en distritos como La Chorrera, Panamá, Arraiján y Colón.
Los montos más bajos asignados a movilización eran de $50 mensuales. Representantes en distritos como Macaracas y Tonosí, en Los Santos, tenían ingresos en movilización bajos. En el país, el monto promedio era de mil 500 dólares mensuales para movilización.
Mientras, la Asociación de Municipios de Panamá, la Asociación de Alcaldes de Panamá y la Coordinadora Nacional de Representantes de Corregimiento informaron ayer en un comunicado conjunto que acatarán lo dispuesto por la Contraloría, a pesar de que se trata de pagos “legales”.
Resaltaron que solo “algunos” alcaldes recibían este tipo de pagos. Según los datos de la Contraloría, 66 de los 81 alcaldes del país recibían gastos de movilización.
