Con la sanción presidencial al proyecto de ley 552, los municipios y juntas comunales del país tienen luz verde para usar los fondos del Impuesto Único sobre Bienes Inmuebles destinados a obras comunitarias en gastos de administración.
Esta norma, publicada el pasado lunes en la Gaceta Oficial, reforma la Ley 66 de 2015 que, a su vez, modifica la Ley 37 de 2009, la cual descentraliza la administración pública.
La ley establece que del monto asignado en concepto del impuesto de inmuebles podrá destinarse un máximo de 10% a gastos de funcionamiento del municipio, mientras que en los municipios semiurbanos y rurales la cifra podrá aumentar hasta un máximo de 25%.
Además, plantea que “durante la vigencia fiscal del año 2021, los municipios podrán destinar el 100 % de los saldos remanentes, tanto de funcionamiento como de inversión, que reciban en concepto del impuesto de inmuebles, incluyendo todos los saldos no comprometidos en los años fiscales 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, para gastos de funcionamiento municipal”.
Se precisa, además, que si quedan remanentes de los años fiscales citados y continúa la crisis económica por la pandemia de la Covid-19 el próximo año, los gobiernos locales podrán usarlos para financiar partidas de funcionamiento de la vigencia fiscal 2022.
En el país hay 81 municipios y 679 juntas comunales. Esta es la tercera vez que el presidente de la República avala modificar la Ley 66 de 2015.