Tres investigaciones adelantan las autoridades sobre la masacre de La Joyita, que puso en evidencia, además de la inseguridad del país y la corrupción en las cárceles, los tropiezos de los programas de resocialización del Estado.
La Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de la región metropolitana −lleva las pesquisas por los 15 homicidios y 13 heridos; el procurador de la Administración investiga las responsabilidades de las instituciones; y el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional preparan un informe sobre los hechos solicitado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Resocialización
El enfrentamiento registrado el pasado 17 de diciembre en la cárcel La Joyita ha quedado en la historia reciente como la mayor masacre protagonizada en cárceles panameñas y sugiere el fracaso de los proyectos de resocialización de las últimas tres décadas.
Así lo interpreta la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Esmeralda Arosemena de Troitiño. Considera que tragedia ocurrida en La Joyita es la primera gran crisis carcelaria del país.
Troitiño, quien además se ha desempeñado como magistrada de niñez y adolescencia, aseguró, además, que todo esto pone en evidencia el fracaso de las autoridades para gestionar los procesos de resocialización y reinserción de los privados de libertad a una vida útil en sociedad. Por ello, dijo, se hace necesario un esfuerzo del Estado para resolver la crisis.
La exmagistrada estimó que el concepto de resocializar no es aceptado por la sociedad panameña, por lo que cada vez que alguien comete un delito se pide enviarlo a prisión, en lugar lograr su reinserción social.
En este punto, alegó que se requiere de una gran inversión de recursos, preparación de personal y mejoras en la infraestructura carcelaria para lograr un cambio y que los privados de libertad tengan una posibilidad de mejorar sus oportunidades de conseguir empleo, estudiar y abandonar el camino de la delincuencia.
“Hacer más cárceles solo sería multiplicar el problema y la inversión de dinero para tener una mayor cantidad de personas enojadas con la sociedad”, estimó.
Recalcó que cuando un recluso cumple su condena sale de la cárcel odiando aún más a la sociedad por los maltratos, el confinamiento y la pérdida de algunos de sus derechos.
Alegó que otro fenómeno que incide en la crisis carcelaria es la corrupción, ya que los detenidos con poder se apoderan de las cárceles a través del reclutamiento de funcionarios, policías, custodios, quienes a veces por dinero y a veces por amenazas, permiten la generación de actividades criminales, que se ven reflejadas en las calles.
Alto índice de detenidos
En tanto, Severino Mejía, quien funge como asesor de seguridad en la Presidencia de la República, sostiene que la crisis penitenciaria es un problema que se ha venido postergando por años por los diferentes gobiernos.
Según Mejía, en las cárceles panameñas hay 17 mil privados de libertad, lo que ubica al país como el tercero en América con la tasa internos por cada 100 mil habitantes. El país está en la posición número 17 del ranking mundial (unos 390 detenidos por cada 100 mil habitantes), superado en esta región solo por Estados Unidos y El Salvador.
Mejía también coincide con Troitiño en el punto de que la corrupción generada por las pandillas, la falta de clasificación de los detenidos y el fracaso de los programas de resocialización han provocado la crisis.
Corrupción
Mientras que Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, alegó que el incidente en La Joyita es el reflejo de los niveles de corrupción de las autoridades que tienen la responsabilidad de la cárceles del país.
Lee recalca que la tragedia también pone de manifiesto la ausencia de una política de Estado encaminada a atender el sistema penitenciario y establecer programas de resocialización para los internos.
Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, se trata de un problema acumulado por los gobiernos, que han abandonado las políticas de reinserción social.
Araúz dijo que tras lo ocurrido se requiere de una atención urgente en materia de seguridad para los propios privados de libertad, atención a los familiares de las víctimas y el establecimiento de las responsabilidad de los hechos.
Aseguró que todo el sistema de prisiones es parte del engranaje de administración de justicia que ha dejado de funcionar y que está provocando crisis en cada uno de los eslabones de la cadena.
Recalcó que el Órgano Judicial aplica las penas y el Sistema Penitenciario se encarga del cumplimiento de la sanción, pero hay muchos internos sin condena y que sufren detención preventiva por delitos menores y que en la cárcel tienen la influencia de delincuentes habituales.
Un estudio de la Unión Europea sobre las cárceles panameñas detalla que solo el 69.5% de los reclusos indicó haber sido sentenciado.
Araúz reconoció que la tarea es difícil, ya que se requiere de trabajo con estrategias a corto, mediano y largo plazo para hacer frente al hacinamiento, la violencia y falta de resocialización de los internos.
Violencia entronizada
El médico Vicente Pachar, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), destacó que los crímenes ocurridos en La Joyita demuestran un alto grado de violencia, ya que los cuerpos presentaban heridas de bala, con arma blanca y golpes con objeto contundentes.
Explicó que al ser un evento tumultuario y en el que se usaron varios tipos de armas se dificultaron las labores de los forenses para determinar la causa de muerte, por lo que fue necesario hacer el trabajo a través de la conformación de equipos multidisciplinarios.
Pachar detalló que todos los cuerpos examinados presentaron heridas con armas blancas y que debió ser una situación en la que las víctimas pudieron haber sido atacadas por más de una persona.
Destacó que las autopsias que hace el Imelcf en general demuestran cómo la violencia se ha instalado en el país. Dice que de 2,400 autopsias, 1,300 son por eventos traumáticos.
Detalló que entre los eventos traumáticos, las heridas por arma de fuego son la segunda causa de muerte violenta, seguidas de las diferentes formas de asfixia.
A la vez, explicó que el 85% de las muertes violentas corresponde a hombres entre los 18 y 40 años de edad. Los meses más violentos son enero, mayo y diciembre.
Dijo que, según las estadísticas que se llevan en el instituto, este año se superarán los 400 homicidios, lo que indica un aumento generalizado de la violencia.
