Un juez de garantías de San Miguelito imputó cargos por la presunta comisión del delito de estafa agravada a ocho de las 11 personas que fueron llevadas a audiencia por el caso de phishing tras ser detenidas en la denominada operación Ryoshi.
El grupo de ocho implicados aceptó entrar a un proceso de mediación con las víctimas que presentaron las denuncias.
Para otras dos personas el juez consideró que los señalamientos y elementos de convicción que presentó el fiscal de la Sección de Decisión y Litigación Temprana de San Miguelito, Cristóbal Fundora, no fueron suficientes para lograr la imputación.
Uno de los vinculados llegó a un acuerdo con la víctima y le regresó el dinero despojado. Por esta razón el juez de garantías ordenó el archivo de la causa.
El delito de estafa implica penas de uno a ocho años de cárcel (artículo 220 del Código Penal). Si se usa un medio cibernético o electrónico, como en este caso, la pena subiría un tercio más.
El phishing, según información publicada por el Ministerio Público en sus redes sociales, es un método para cometer estafas y fraudes engañando a las personas para que compartan información confidencial como contraseñas y números de tarjetas de crédito.
Durante las últimas semanas las instituciones bancarias han advertido a sus clientes de esta modalidad delictiva. Por ejemplo, el Banco General, envió un correo en el que explica a sus clientes cómo protegerse del phishing.
“Personas malintencionadas se hacen pasar por bancos y otras instituciones financieras para pedir contraseñas, [hacer] preguntas de seguridad y números de token digital a sus víctimas; de esta manera tienen acceso a sus cuentas y a transferir desde las mismas”, advierten.
Estos datos, agregan, son propiedad de cada cliente y banco nunca los pide.
