Con la participación de más de 200 comunas, los chilenos compartieron sus opiniones ayer sobre las medidas a tomar en temas sociales, pensiones, salud y reforma constitucional, en una consulta voluntaria y no vinculante lanzada por los alcaldes para descomprimir la crisis social que vive el país suramericano.
La consulta, que se materializó a casi dos meses del inicio del estallido social, comenzó la semana pasada con votaciones a través de páginas web de los municipios, sumando medio millón de votos, y se cerró ayer con adhesiones presenciales que habrían completado una participación de unos dos millones de personas, informó la Asociación Chilena de Municipalidades.
El llamado fue lanzado por los alcaldes, respondiendo a la exigencia de los manifestantes de cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Sin embargo, con el posterior acuerdo político alcanzado en el Congreso para decidir en un plebiscito nacional en abril de 2020 sobre un cambio a la Carta Magna, la consulta de ayer se amplió a otras áreas.
Cómo implementar cambios en los criticados sistemas de salud y pensiones y priorizar una mirada social en transporte, medioambiente y pueblos originarios fueron algunos de los temas discutidos.
La mayor crisis social que vive el país desde el regreso a la democracia en 1990 se salda con 24 muertes, miles de heridos y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
Un informe de la oficina de la Alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, constató el “elevado número de violaciones a los derechos humanos” por represión policial durante protestas.
El gobierno del derechista Sebastián Piñera lamentó esas conclusiones, pero llamó a valorar el “contexto” de violencia que envolvió a las protestas.