Transparencia fiscal, corrupción en el sector privado y transparencia e integridad en la administración pública son las tres áreas temáticas que peor calificación recibieron en el más reciente informe divulgado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
El documento se basa en un índice del 0 al 1, en el cual cero es nulo o escaso avance para el área temática. No existe legislación o normativa que otorgue transparencia fiscal y hay cero participación ciudadana en la elaboración del presupuesto público, según el informe.
En cuanto a transparencia e integridad en la administración pública y corrupción en el sector privado, la normativa es escasa, agrega.
El reto: implementar las normas anticorrupción
Transparencia Internacional (TI) argumenta que la corrupción es un obstáculo clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles de Naciones Unidas. En su reporte “Sombra del Objetivo de Desarollo Sostenible 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas)”, se busca identificar y priorizar los problemas de implementación de esta meta internacional, a través de la evaluación del marco anticorrupción de los países.
En un índice del 0 al 1 se califican distintas áreas temáticas, en el cual 0 representa nulos o escasos avances en la materia y 1 la aplicación más completa del estandar.
Tres áreas temáticas obtuvieron un puntaje en el índice de 0.9 o más. El análisis del área de tráfico de armas se calificó con un 1 y las áreas de contrataciones públicas y prevención de lavado de dinero con un 0.9.
No obstante, incluso, en estos indicadores con altos puntajes, el análisis plantea carencias. En cuanto a tráfico de armas, por ejemplo, se resalta que en Panamá se dan actos públicos donde se destruyen armas y drogas y se cuenta con estadística de droga incautada, pero no existen cifras sobre su destrucción.
Este patrón, de lagunas entre la normativa y la implementación, es el principal enfoque del informe, pues en muchos de los parámetros se identifican carencias de implementación en aspectos donde existe mucha normativa al respecto.
Es el caso, por ejemplo, del parámetro de transparencia de beneficiarios finales. El informe calcula un 0.6 en el índice para esta área temática. La Ley 23 de 2015 incorpora la definición de beneficiario final en la legislación y obliga a las instituciones financieras a identificarlas. Aun más, en 2020 se adoptó una ley que crea el sistema privado y único de registro de beneficiarios finales. A la fecha, sin embargo, la misma sigue sin implementarse.
En el informe se plantea la importancia de incorporar precisiones legislativas necesarias para asegurar la implementación. Agrega que un marco regulatorio que encamine al país hacia la transparencia en temas como este no es suficiente para lograr la capacidad efectiva de investigar y sancionar los delitos de corrupción.
En los indicadores de contrataciones públicas y lavado de activos se muestran avances en la dirección correcta, con puntajes de 0.9. Por ejemplo, el delito de lavado de activos se encuentra tipificado en la legislación. Se menciona que se han hecho esfuerzos puntuales para dar cumplimiento normativo a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Si bien Panamá cumple con las recomendaciones en cuanto a la norma, el informe detalla ciertos aspectos, tales como la escasa verificación de cumplimiento por parte de las autoridades, como limitaciones en la implementación.
Del otro lado de la moneda, la transparencia e integridad en la administración pública se calificó con 0.3 y se detalló que el Código de Ética de los Servidores Públicos regula la probidad de los funcionarios. La poca profesionalización de las carreras administrativas también se detalla como una deficiencia en esta área.
La metolodogía
Los datos utilizados en el informe fueron levantados entre los meses de febrero y abril de 2021 por la investigadora Ana Carolina Rodríguez, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI. El equipo de Chile Transparente llevó a cabo el análisis.
Se evaluó utilizando tres insumos: el marco legal e institucional del país; las evaluaciones e índices pertinentes producidos por la sociedad civil y organizaciones de cada país, y una evaluación cualitativa de los esfuerzos factuales del país para combatir la corrupción.
