Al menos 6 mil 400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008, reveló ayer el tribunal de paz que investiga los crímenes más atroces del conflicto .
El número casi triplica la cifra conocida hasta ahora y da una nueva dimensión a este “fenómeno macrocriminal”, como lo llamó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en su informe.
El tribunal, surgido del pacto para el desarme de las FARC, halló que “por lo menos 6 mil 402 colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008”.
Conocida en el argot militar como “falsos positivos”, esta práctica arrastró a los militares hacia su mayor escándalo en las casi seis décadas de combates.
Aunque el alto mando militar siempre ha negado que se tratara de una práctica sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación.
Los militares orquestaron una suerte de body count, un conteo premiado de cuerpos, para mostrar resultados en la guerra contra las guerrillas y las bandas paramilitares del narcotráfico.
Hasta el año pasado, la fiscalía había reconocido 2 mil 249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014. El 59% de esos crímenes ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-10).
Mario Montoya, comandante del ejército en esa época, aceptó la autoridad de la JEP y hoy es el militar de mayor rango que responde ante los magistrados. Pese a los testimonios que lo inculpan, el oficial en retiro niega que hubiera instigado crímenes de civiles.
“Existen 2 mil 140 militares vinculados a investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, lo que equivale al 0.9% del total de los hombres que operaron en el ejército en el periodo mencionado, (...) lo que muestra que en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces”, dijo su abogado, Andrés Garzón, en una entrevista con la AFP en 2020.
La JEP se ocupa de las violaciones más graves a los derechos humanos cometidas por guerrilleros, paramilitares y soldados durante su enfrentamiento.
Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, pero si no lo hacen se exponen a condenas de hasta 20 años de cárcel.
El tribunal de paz todavía no ha emitido su primera condena desde su entrada en funcionamiento, en 2018.