El Ministerio Público lo investiga por una de las modalidades de peculado establecidas en el Código Penal, aquella que establece la responsabilidad de los funcionarios por permitir la malversación de los fondos y bienes públicos cuya administración le estaba confiada.
Desde antes de ser privado de libertad, y estando en detención preventiva, Mulino ha justificado la compra de los radares en entrevistas televisivas, notas aclaratorias a este diario y cartas públicas, explicando que se trataba de un sistema de vigilancia para combatir el narcotráfico.