Fuerza Popular, principal partido político de oposición, liderado por Keiko Fujimori, fue incorporado en las investigaciones de la fiscalía por presuntamente haber recibido dinero para su campaña electoral de la constructora brasileña Odebrecht.
La medida fue ordenada por el juez Víctor Zúñiga, del Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Crimen Organizado, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial LavaJato/Odebrecht.
“Declara fundado el requerimiento de incorporación como persona jurídica, planteada por el Ministerio Público y, en consecuencia, al partido político Fuerza Popular en el presente proceso penal”, señala el documento divulgado por la prensa.
La tesis fiscal es que existe una organización criminal que se ha constituido en el partido Fuerza Popular, con la finalidad de obtener poder político y recibir dinero ilícito. Además, sostiene que este supuesto grupo delictivo es presuntamente encabezado por Keiko Fujimori.
“ Lo cierto, real y concreto es que durante mi gestión como presidente regional, no tuve injerencia alguna en la licitación y ejecución de ninguna obra”.
César Villanueva, ex primer ministro de Perú, el 5 de noviembre de 2019
La disposición habilita al fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, para que pida la eventual suspensión o disolución del partido político cuando finalice su investigación.
Hace una semana, Keiko Fujimori salió de prisión después de 13 meses detenida preventivamente por el escándalo Odebrecht, tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró fundado un recurso judicial que buscaba su libertad.
La justicia la acusó de haber obstruido las investigaciones de la fiscalía anticorrupción sobre los aportes millonarios que había recibido presuntamente de la constructora para su campaña. Según la fiscalía, la líder de Fuerza Popular habría recibido aportes ilegales por un monto de $1.2 millones para su campaña electoral en 2011, en un escándalo que salpica también a cuatro expresidentes, incluido Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien se suicidó en abril cuando iba a ser detenido. Ella niega los aportes.
Medida cautelar
Por otro lado, el Poder Judicial ordenó el viernes impedir la salida del país por 18 meses al ex primer ministro César Villanueva, investigado por presunto tráfico de influencias por el mismo caso. La medida cautelar alcanza al empresario José Santisteban Villanueva. Ambos “deberán pagar una caución de 100 mil soles [unos $29 mil 600] para ambos imputados”.
El expresidente del Consejo de Ministros fue detenido el 23 de noviembre en un operativo policial, a solicitud de la Fiscalía Suprema Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios y se ordenó una detención preliminar por siete días. La fiscalía sostiene que Villanueva, quien fue durante un año el segundo hombre del gobierno del presidente Martín Vizcarra, gestionó reuniones clandestinas con dos fiscales ligados a las pesquisas que lo comprometen en el caso Odebrecht.
También en ese operativo fueron detenidos Santisteban y tres fiscales, estos últimos acusados por el mismo delito de tráfico de influencias que Villanueva.
Villanueva, quien está internado en una clínica debido a una dolencia, también afronta un pedido de prisión preventiva por 18 meses, solicitada por el fiscal anticorrupción Germán Juárez por el escándalo Odebrecht.
La audiencia de prisión preventiva contra el ex primer ministro y exlegislador fue reprogramada para el martes 10 de diciembre.
Villanueva resultó implicado en el caso luego que dos exjefes de Odebrecht declararan en agosto pasado a fiscales peruanos en Sao Paulo que le hicieron pagos ilegales por $60 mil mientras era gobernador de una región amazónica en 2009. Los pagos eran dádivas para que la brasileña fuese favorecida en la construcción de una carretera mientras Villanueva era gobernador, según esos testimonios.
El político, que ha negado siempre haber recibido pagos ilícitos de Odebrecht, fue un rostro de la lucha anticorrupción mientras era primer ministro de Vizcarra, entre marzo de 2018 y marzo de 2019. A inicios de 2018, Villanueva saltó al primer plano como uno de los promotores de un segundo intento de destitución contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski por sus vínculos con Odebrecht.