La Procuraduría de la Administración tramita ocho denuncias contra funcionarios, por la presunta comisión de irregularidades relacionados con procesos de compra y licitaciones durante la pandemia de la Covid-2019.
Un informe de esa entidad difundido ayer revela que el procurador de la Administración, Rigoberto González, tramita denuncias, quejas y solicitudes de investigación por conductas que se relacionan con la adquisición de artículos, ventas de títulos valores, irregularidades en licitaciones y aplicación de normas legales.
Entre las investigaciones figuran el supuesto incumplimiento de normas de transparencia relacionada con un proceso de venta de bonos por parte de la directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) en el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, petición que fue presentada por el abogado Ernesto Cedeño.
También se adelanta una investigación contra tres miembros de la directiva de la CSS por un viaje realizado a México que podría tener relación con la licitación para la adjudicación de un sistema para la distribución de medicamentos, por un monto de $168 millones.
González, además, adelanta un expediente sobre la licitación para la construcción del hospital modular Panamá Solidario. Aquí se acumularon las denuncias presentadas por la Fundación Conciencia Ciudadana y otra del abogado Cedeño.
Igualmente, está la investigación por la compra de mascarillas por parte del Hospital Santo Tomás, con presuntos sobrecostos, entre otros actos.