La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) investiga al Municipio de La Chorrera por posible división de materia. A la fecha, nueve contrataciones para la construcción aceras en distintos puntos de la ciudad se encuentran suspendidas por orden de la DGCP.
Mediante resoluciones, la entidad también ordenó la apertura de un proceso administrativo de investigación para comprobar si la entidad licitante, en este caso el Municipio de La Chorrera, “ha incurrido en división de materia”. Además, se ordena a esta comuna presentar un informe “sobre sus actuaciones”.
En total, los precios de las nueve compras suman $850 mil. Las dos resoluciones que suspenden los actos, firmadas por Raphael Fuentes, director de la DGCP, detallan que ninguno de los actos públicos en cuestión alcanzan la suma de $175 mil, por lo cual estarían exentos de celebrar una reunión previa y homologación de las propuestas.
Cuando el monto de la compra es mayor a $175 mil se deberá celebrar la mencionada reunión previa entre la entidad licitante y los participantes interesados con el propósito de “absolver consultar y de formular observaciones que puedan afectar la participación de posibles postores en condiciones igualitarias”.
Las compras que pretende celebrar el Municipio de La Chorrera, distrito que está bajo el mando del perredista Tomás Velásquez, se cargan todas, según los documentos adjuntados a la convocatoria, a la misma partida presupuestaria. El artículo 36 de la Ley 22 de contrataciones públicas plantea que “no se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos, con el fin de que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público o el procedimiento que corresponda”. De existir la división de materia, la adjudicación será nula y se sancionará al servidor responsable. El artículo 19 de la misma ley, modificada en mayo de 2020, faculta a la DGCP para destituir de su cargo al servidor público responsable por la falta de división de materia.
Aún más, el contenido de los pliegos de cargo, particularmente en los que se detallan los requisitos que debe presentar el contratista, se lista experiencia previa de cinco obras similares, tres de las cuales deben ser proyectos ejecutados para el Estado.
Previo a la suspensión de las obras por parte de la DGCP, el abogado Alejandro Arze presentó una acción de reclamo a título personal en la cual denunciaba ese requisito como “excluyente”. En la resolución de no admisión del reclamo, la DGCP plantea que considera que la exigencia específica de experiencia previa “no contiene reglas objetivas y justas” por restringir la participación de posibles oferentes.
El reclamo no fue admitido a raíz de que se suspendió el acto.
La Prensa envió un mensaje al alcalde Velásquez para conocer su versión de los hechos y los posibles correctivos que se estén implementando. Sin embargo, al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
