Arbitrariedad, extralimitación de funciones, eliminación de pensiones alimenticias y lanzamientos ilegales son algunas de las cerca de 700 quejas que los ciudadanos han planteado contra los jueces de paz del distrito capital, desde que José Luis Fábrega asumió la alcaldía de Panamá.
Así lo reveló Nicolás Rivera, de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno (Mingob).
Sin embargo, estas quejas no pueden ser analizadas porque no existe la comisión técnica distrital, encargada de supervisar la labor de los jueces de paz. En julio de 2020, los dos representantes de la sociedad civil que formaban parte de la comisión técnica distrital del Municipio de Panamá renunciaron.
Se trata de Giovanni Miranda y Alma Montenegro de Fletcher, quienes en su carta de renuncia advirtieron la falta de voluntad política de parte de Fábrega para mejorar los problemas de las casas comunitarias de paz en medio de la pandemia de la Covid-19. Entre esos pendientes figuran los nombramientos de mediadores, terminar la integración de la comisión técnica y mejorar los procesos de apelaciones.
Al respecto, Rivera expresó que la comisión técnica se desintegró, por un lado, porque renunciaron los dirigentes de la sociedad civil y, por otro, porque desde que hubo cambio de gobierno, no han sido designados los representantes del Consejo Municipal y de las juntas comunales. “Estas cosas son las que han limitado que esta comisión esté operativa y haga la función que le corresponde”, dijo.
El funcionario dejó claro que si bien el Mingob, a cargo de la ministra Janaina Tewaney, no tiene autoridad jerárquica sobre los jueces de paz, pues mediante la Ley 16 de 2016, que instaura la justicia de paz, se le dio esta competencia a los alcaldes, no es menos cierto que en reiteradas ocasiones le han solicitado al alcalde Fábrega establecer la comisión técnica para que puedan recibir las quejas y denuncias que presentan los ciudadanos.
“La realidad es que hay muchas acusaciones, sobre todo en el distrito capital. En algún momento, nosotros estuvimos recibiendo alguna denuncia. Esta semana, le vamos a volver a solicitar al alcalde la conformación de la comisión. No podemos seguir en esta situación, son muchos los casos. Acá llegan los usuarios, pero nosotros solo podemos atenderlos y guiarlos”, planteó.
Recientemente, se difundió en las redes sociales quejas contra el juez de paz del corregimiento de San Francisco, Uriel Rangel, en las que se hablaba de una gestión rodeada de anomalías. Este medio contactó a Rangel, quien negó todas las acusaciones e indicó que “se ha montado una especie de campaña de desprestigio en mi contra, y no es la primera ni la última. Si se considera que hay una violación o extralimitación de funciones, que utilicen las herramientas necesarias y no vuelvan los procesos mediáticos”.
La Ley 16 señala que el Mingob es un ente coadyuvante. En ese sentido, Rivera indicó que pese a que sus consideraciones no son vinculantes, entienden que la no eficacia o no ejecución de los fundamentos especificados en la norma, como lo es el desarrollo y acción de la comisión técnica, genera una conmoción social, porque el ciudadano no tiene acceso a poder cuestionar, señalar, denunciar o manifestar cualquier inquietud en contra del juez de paz.
El Mingob, según Rivera, ha recomendado a los alcaldes que no tienen comisión técnica que reciban las denuncias de los ciudadanos e instruyan expedientes administrativos.
La Prensa llamó en reiteradas ocasiones al alcalde Fábrega y dejó mensajes para que diera su versión, pero al cierre de esta edición no había respondido.
Cambios a la norma
Los problemas de la justicia comunitaria de paz, o lo que antes se denominaba justicia de corregidurías, vienen desde su creación.
Aunque desde la Asamblea Nacional y hasta del propio Ejecutivo se ha hablado de cambios a esta normativa, a la fecha, nadie los ha hecho realidad.
El Mingob estima que a finales de agosto tendrá listo un proyecto que reforma la Ley 16 que, entre otras cosas, apunta a la supervisión de los jueces de paz.