La justicia comunitaria de paz, que reemplazó a los corregidores en la solución de los conflictos en las comunidades, se encuentra en el ojo de la tormenta. Abogados y representantes de la sociedad civil acusan a los jueces de paz de usurpar funciones del Ministerio Público (MP), mala gestión, abuso de poder e incluso de violar la ley.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz fue advirtió que los jueces de paz usurpan funciones del MP al tener competencia para investigar delitos menores, por lo que anunció que la próxima semana interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley No. 16 del 17 de junio de 2016, que creó la jurisdicción de paz.
Recalcó que la jurisdicción de paz carece de una estructura que le permita funcionar ordenadamente, toda vez que, a su juicio, no hay efectividad en la toma de decisiones para resolver los problemas comunitarios.
Según Araúz, los jueces de paz se han convertido en autoridad sancionadora, que aplica multas a las personas en lugar de buscar solución alterna de los conflictos.
El exdefensor del pueblo Juan Antonio Tejada también criticó la figura de los jueces de paz, cuya gestión calificó “carente de eficacia”.
Para Tejada, urgen cambios sustanciales en la jurisdicción de paz, que debe estar adscrita al Órgano Judicial, al tiempo que se debe reformar el proceso de selección de su personal, ya que no tiene garantías de independencia e imparcialidad, dado que su nombramiento depende del Alcalde, lo que politiza su designación.
Dijo que esta jurisdicción fue creada por el Pacto de Estado por la Justicia para darle atención a los ciudadanos que reclaman atención de diversos asuntos y controversias que se generan en la comunidad, con la posibilidad de acudir ante un juez idóneo, sin embargo, el Pacto de Estado por la Justicia se ha burocratizado, dejando de lado el inicial compromiso de la transformación del sistema de justicia, para solo quedar atendiendo el tramo previo al examen de los aspirantes a magistrados de la Corte.
Por su parte, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, coincidió en la necesidad de introducir cambios en la justicia de paz.
“Sin lugar a dudas, debemos hacer cambios fundamentales en la justicia de paz, que se ha convertido en todo menos en casas de paz. La defensoría recibe múltiples quejas, hasta hemos puesto denuncias en la Procuraduría de la Nación por sus actuares”, tuiteó.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, opinó que desde su creación la justicia de paz no ha recibido del apoyo necesario para su implementación y tampoco se ha realizado una debida capacitación de sus jueces, a fin de que cambien su mentalidad inquisitiva y asuman el enfoque restaurativo y conciliador.
En este escenario, el Ministerio de Gobierno prepara un proyecto de reforma a la Ley 16 de de 2016, con el propósito de normar una mayor supervisión a los jueces de paz y modificar otros aspectos de la jurisdicción.
