“Ha quedado evidenciado que la invasión de tierras, efectivamente, existió por parte de los extrabajadores que buscaban socios para trabajar la tierra y lograrse un sustento”, expresó la juez Duodécima Civil, Ibeth Muñoz Almanza, al desestimar una demanda de la sociedad Panaplátanos, S.A. y los hermanos David y Daniel Ochy Diez, en contra de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), por presunto daño moral, por una serie de publicaciones del año 2012.
En esos reportajes, publicados en junio y julio de 2012, La Prensa informó que la Asociación para la Transformación Agraria del Barú (ASTBarú), formada por antiguos asociados de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Puerto Armuelles (Coosemupar), había decidido explotar la producción de banano a través de un acuerdo con Panaplátanos, S.A., sociedad controlada por los Ochy Diez.
Un peritaje agrónomo citado por la juez Muñoz Almanza señala que los socios de ASTBarú invadieron las tierras, con la “complicidad” de Panaplátanos. Seis meses después, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) otorgó una titulación colectiva, a favor de los invasores.
“Decimos lo anterior, dado que las noticias no resultaron ajenas a la realidad, puesto que aconteció en aquel entonces una invasión de tierras estatales, ciertas fincas bananeras por parte de los extrabajadores, dado que en ese momento, aún la Anati no había vendido, a través del proceso de titulación o adjudicación de las fincas de propiedad del Estado”, manifestó la juez.
Estas consideraciones están expresadas en el fallo de Muñoz Almanza, que desestima una demanda civil presentada por los Ochy Diez y Panaplátanos y les ordena, además, pagar $731 mil a Corprensa, en concepto de costas. Originalmente, los demandantes reclamaban el pago de $7 millones. El artículo 1071 del Código Judicial contempla la condena en costas a la parte contra la cual se pronuncie la sentencia, “salvo que a juicio del juez haya actuado con evidente buena fe”.
En su demanda civil, los Ochy Diez manifestaron haber sufrido daños morales y materiales por las publicaciones de La Prensa, pero la juez señaló en su fallo que en la redacción de las notas no se han constatado hechos que sean violatorios o contrarios a la honra o la dignidad humana.
Contra esta decisión, José María Castillo, abogado de los Ochy y de Panaplátanos, anunció un recurso de apelación. Castillo también representa al expresidente Ernesto Pérez Balladares en sus acciones judiciales contra Corprensa, promoviendo el secuestro de activos de la casa editorial, por $1.13 millones, pese a que el caso se encuentra en primera instancia y todavía no hay condenas.
La decisión de la juez Muñoz Almanza, adoptada el 23 de septiembre pasado, es el segundo fallo adverso a los Ochy Diez, relacionado con este conflicto, en lo que va de año.
El 27 de febrero pasado, el Primer Tribunal Superior de Justicia revocó una sentencia de la juez Decimotercera Civil, Melina Robinson, que condenó a Corprensa a pagar $600 mil en concepto de daño moral, a los hermanos Ochy Diez.
En esa acción, los Ochy Diez reclamaban $6 millones por unas publicaciones de La Prensa, los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto de 2012, sobre los contratos estatales a su compañía Trancaribe Trading, S.A. (TCT), para construir una carretera en Paso Canoa-Puerto Armuelles, por $114 millones. Al día siguiente -3 de agosto de 2012-, los camiones de TCT bloquearon el edificio de Corprensa para impedir que circularan La Prensa y Mi Diario.
La juez Robinson manifestó en 2015 que las publicaciones eran “falsas, temerarias, injuriosas y denigrantes”, pero los magistrados Nelson Ruiz, Carlos Trujillo y Olga Rujano, al revocar la sentencia condenatoria, consideraron que el medio de comunicación “se comportó de manera diligente en la elaboración de los textos periodísticos... cumpliendo así con el deber de diligencia en la búsqueda de la verdad, que le impone el Código de Ética del Periodista en Panamá”.