Una jueza de garantías determinó que la decisión del Ministerio de Gobierno de suspender las reuniones presenciales de los privados de libertad con sus abogados a raíz de la pandemia de la Covid-19, viola sus derechos.
En una audiencia celebrada el pasado 18 de marzo, la jueza Jazmín Jaén concluyó que la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), dependencia del Ministerio de Gobierno encargada de garantizar la reclusión y resocialización de los privados de libertad, incurrió en afectación de derechos de un hombre detenido por presunto blanqueo de capitales, al que por más de un año se le negó la visita presencial de su abogado Gonzalo Moncada.
Moncada manifestó que, sin importar la gravedad del delito del que se acusa a su cliente, se logró sentar un precedente de que se violó el derecho que tienen todos los internos en las cárceles de tener entrevistas personales y privadas con su abogado.
Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, la DGSP aplicó una serie de restricciones alegando razones sanitarias por la pandemia de Covid-19, que afectó a miles de presos. De hecho, solo en la cárcel de Santiago de Veraguas, más del 60% de los 518 detenidos reportaban el año pasado contagios del Sars-Cov-2.
Hasta finales del año pasado, se registraban más de 2 mil casos de privados de libertad con Covid-19, pero la DGSP dejó de actualizar estas cifras en un sistema que tiene una población de unas 18 mil personas.
Reapertura de visitas
Paralelamente, la DGSP informó, a través de un comunicado, que a partir del lunes 29 de marzo se retoman las visitas presenciales de familiares y abogados a los centros penitenciarios, recordando que para La Joya, La Joyita y La Nueva Joya se mantiene la disposición temporal de una vez por mes la visita familiar.
Advierte que seguirán vigentes las medidas de bioseguridad, como la toma de temperatura, desinfección de calzados, uso obligatorio de la mascarilla, distanciamiento de dos metros y solo saludo de codos. Al familiar o persona privada de libertad que viole estas normas, se les suspenderá de inmediato la visita y se les cancelará la próxima.
En relación a la visita de los abogados, estos deberán elevar una solicitud al correo solicitudconferencias@mingob.gob.pa para que se le agende su comparecencia al centro penitenciario. Adicional, agrega, se mantiene la posibilidad de hacer videollamadas, que se solicitan al correo citado para que la persona privada de libertad tenga acceso a su defensa legal.
