El magistrado del Tribunal Electoral (TE) Alfredo Juncá dejó claro ayer que cuando se comete un error en la información de interés sobre el proceso electoral no se sancionará a la persona y, más bien, se le permitirá retractarse públicamente.
“Un error en la información de interés no caería en desinformación, pero [recibir] el pago sí lo será”, dijo en Telemetro Reporta.
Su explicación surge debido a que en el proyecto de borrador de reformas al Código Electoral, que el TE entregó a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), hay una propuesta que tipifica como falta electoral la difusión de noticias falsas y la desinformación que pueda ser perjudicial para cualquier proceso electoral o los servicios que brinda el Tribunal Electoral.
Y es que hay quienes opinas que con esta reforma el TE interpretaría la libertad de expresión. Sin embargo, el funcionario prometió que dicha libertad se cuidará de la misma forma como se hizo en el proceso electoral pasado. “El elemento base, en el caso de la tipificación, es el elemento económico”, dijo.
Señaló que la libertad de expresión es el derecho a decir algo, pero el problema es cuando se agarra dinero por eso (...)”.
Explicó que se está tipificando la desinformación masiva, de manera profesa y financiada para atacar el proceso electoral. “No es lo mismo decir fulano no es panameño, a decir que no vayan a votar en tal circuito”, manifestó.
La propuesta del Tribunal Electoral también propone establecer como falta electoral [so pena de multa] la difusión de propaganda electoral en actividades de contenido editorial, con el propósito velado o expreso de promover a un aspirante, precandidato, candidato o partido, así como el uso indebido de los medios digitales y la violación al descuento de tarifas por parte de las radioemisoras o televisoras.
Juncá, adelantó, además, que el tema de las faltas será trabajado con los juzgados electorales y la Dirección de Organización Electoral.
La semana pasada, el TE entregó el borrador de propuesta a la CNRE y ayer arrancó el debate de los primeros 207 artículos que se disponen a discutir.
Los magistrados quieren entregar a comienzos del próximo año las reformas a la Asamblea Nacional, que las reformará, aprobará o rechazará.