El Ministerio de Gobierno (Mingob), a cargo de Janaina Tewaney Mencomo, no considera viable que la Justicia Comunitaria de Paz quede en manos del Órgano Judicial, como lo propone el proyecto de ley 278, que se discute en una subcomisión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
Nicolás Rivera, jefe de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DRAC) del Mingob, explicó a este medio que dicha disposición “afectaría al ciudadano”.
Desde la perspectiva del Mingob, uno de los escenarios más complejos de la Justicia Comunitaria de Paz es el “presupuesto”, ya sea a nivel municipal, ministerial o del Órgano Judicial, pero si se trasladan las competencias se desnaturalizaría “el concepto de justicia de paz, trasladándola a un órgano jurisdiccional en el que las competencias y los procesos son más técnicos”.
Según Rivera, actualmente, se aplica la justicia de paz como un escenario de acceso más igualitario, efectivo, rápido, gratuito, informal y de acceso a todos los ciudadanos, “sin embargo, entendemos que en el Órgano Judicial todos los escenarios son un poco más burocráticos, más técnicos y eso afectaría al ciudadano común en su posibilidad de acceso a la justicia y, sobre todo, cuando se trata de resolver escenarios de conflictividad de menor escala y que la tendencia es, precisamente, evitar que trasciendan a escenarios de mayor envergadura”.
Además, dijo que la gratuidad e informalidad que plantea la justicia comunitaria es la que permite que sea accesible a todos.
Al igual que el Mingob, fuentes del Órgano Judicial dijeron a este medio que la falta de recursos no les permitiría asumir la jurisdicción de paz.
Pero la diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la subcomisión legislativa, opinó que la justicia de paz sí debe pasar a manos del Judicial, porque ello permitiría más estabilidad a los jueces, más independencia judicial, más recursos y los jueces no estarían sometidos a una “justicia municipal que más bien es política, y siempre están con el temor de que los vayan a remover si no fallan de acuerdo a posiciones políticas”.
La subcomisión, que integran además los diputados Rupilio Ábrego y Corina Cano, busca concretar una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fábrega, para abordar el tema.
Quejas y sin comisiones
En la actualidad, los jueces de paz están adscritos a la jurisdicción municipal, lo cual ha sido una constante queja de los alcaldes desde que se puso en marcha la Ley 16 de 2016, que instituyó la Justicia Comunitaria de Paz y dictó disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria.
La insatisfacción viene de los municipios, los propios jueces y los ciudadanos. Los primeros aseguran que no tienen los recursos para mantener las casas de justicia de paz, antes corregidurías. En tanto, algunos jueces han señalado que no disponen de cosas tan básicas como papelería. Mientras, los ciudadanos aún desconocen qué casos son los que abordan los jueces de paz.
Desde la implementación de la ley en enero de 2018, las autoridades han activado 473 casas de paz, lo que quiere decir que faltan 206 para llegar a 679, número de corregimientos en el país.
En este tiempo y en medio de la pandemia de la Covid-19, se han ido desintegrando las Comisiones Técnicas Distritales –ad honorem–, encargadas de hacer el estudio en la convocatoria inicial del perfil de los jueces de paz para recomendar y calificar a los postulados, y que también deben recibir las denuncias de los ciudadanos que se sienta afectados por la actuación ilegal, faltas a la ética, moral o judicial de los jueces de paz.
La Comisión Técnica Distrital de la capital se desintegró por completo, razón por la que el Mingob habilitó una oficina para recibir los informes y peticiones que son dirigidas a esa comisión, con el propósito de garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia de paz.
