El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales declaró la nulidad absoluta de la providencia de indagatoria emitida por la fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público el 17 de julio de 2017, contra Gustavo García de Paredes, exrector de la Universidad de Panamá (UP), en la que se le formuló cargo por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de esa casa de estudios.
En consecuencia, mediante un auto de nulidad del pasado 25 de marzo, el juzgado ordenó el cierre y archivo de la causa en la que se investigó supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento número 2008-11 entre la Universidad de Panamá y el Consorcio Pacífico Atlántico S.A.
Lorena Hernández Ceballos, jueza de la causa, fundamentó su decisión en que el Tribunal de Cuentas en un auto del 26 de junio de 2018, bajo la ponencia del magistrado Alberto Cigarruista, determinó que no había lesión patrimonial en “lo pactado en el contrato de arrendamiento (...)”.
La jueza recalcó que no existió “menoscabo al Estado” a raíz de que el Tribunal de Cuentas señaló que no se vulneró “la cosa pública”, y por ende no se produjo “lesión patrimonial.
La jueza Hernández también ordenó dejar sin efecto las medidas cautelares personales contra el exrector de la UP.
Este medio consultó al Ministerio Público sobre la decisión del juzgado, y respondieron que la fiscalía ya fue notificada y analizan los recursos que podrían presentar.
El caso surgió a raíz de una investigación de este medio relacionada con una presunta lesión al patrimonio de la Universidad de Panamá, por el orden de $8.5 millones tras el alquiler de 21 hectáreas de terreno, cerca del Aeropuerto Internacional de Tocumen, al Consorcio Pacífico Atlántico.
