Equibal, S.A., la empresa elegida en octubre de 2019 por el director nacional de Inspección del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Nicolás Real, para solucionar un deslizamiento de tierra en el cerro San Pablo, en la comunidad de Marta, corregimiento de El Harino, distrito de La Pintada (Coclé), aún no ha concluido esta obra, a pesar de que han transcurrido ya más de dos años desde que empezó su intervención, el 21 de octubre de 2019.
La Prensa estuvo días atrás en el lugar del deslizamiento. El primer contacto es con el equipo pesado, identificado con el logo de la empresa. En la zona del incidente, la calle ha vuelto a ser de piedra, dividida en dos: de un lado, la maquinaria; del otro, el tránsito, que aún debe circular con extrema precaución tras dos años de labores.
En la ladera del cerro que sufrió el deslave previsto se habrían puesto anclajes, para “evitar nuevos deslizamientos”. Sin embargo, fuentes del sector de la construcción –consultadas por este medio– indican que los trabajos realizados allí, técnicamente son deficientes, sin ningún nivel de rigurosidad, ya que no contemplaría tecnología segura. “La carretera [el pavimento] –tal y como se evidenció en el recorrido de este medio– continúa sin repararse; no hay estudio de impacto ambiental ni barreras de protección”, enumeró la fuente.
Agregó que, según sus propios estudios, “el trabajo realizado en el lugar no representa los $6,364,910.74 que están en campo, cuando ese monto es mayor a todo el valor del proyecto carretero ”.
Los residentes de la zona también se quejan. Dicen con disgusto que, de tanto esperar, ya tienen la sensación de que más ha durado la solución del derrumbe que la construcción de la carretera donde se produjo el deslizamiento. Cuestionan, incluso, la integridad de los trabajos desarrollados por Equibal. Aseguraron que hay zonas del cerro que continúan comprometidas.
Magdiel Govea González trabajó en Bitúmenes de Panamá (Bitupan), empresa que construyó la carretera donde se produjo el derrumbe. Esperaba ver a la misma empresa que hizo el proyecto. De hecho, Bitupan participó –y perdió– en la elección de oferente que hizo el director nacional de Inspección del MOP, Nicolás Real. La que apareció para arreglar el problema fue Equibal. “Bitupan ya tenía la maquinaria para atender el único derrumbe que hubo en el sitio”, se quejó Govea González.
La adenda
En realidad, Bitupan tenía más que maquinarias para atender el deslizamiento. Tuvo en curso una modificación de su contrato para atender el punto crítico, es decir, la zona donde se produciría el accidente climático.
La razón de este cambio era porque en ese llamado punto crítico ya había habido deslizamientos, justamente, en la ladera del derrumbe del cerro San Pablo: el primero ocurrió el 22 de mayo de 2018, y luego, una réplica el 6 de julio del mismo año, lo que obstaculizó el camino que conducía a Santa Marta.
Bitupan entregó al MOP la carretera CPA-El Copé-Marta el 20 de junio de 2019, un mes antes del cambio de gobierno, y el 10 de octubre de 2019 ocurrió el incidente en el cerro San Pablo.
Cuando la pasada Administración recibió la obra, dejó pendiente el trámite de la adenda para atender el punto crítico. Esta también contemplaba la rehabilitación de dos caminos adicionales, un ramal y un puente vehicular. La extensión del contrato tenía un costo de casi $4.4 millones, de los cuales, aproximadamente $1 millón era para el punto crítico, el mismo que Equibal repara ahora a un costo de $6.3 millones.
Pero la adenda nunca se concretó. El nuevo ministro, Rafael Sabonge, desistió de ella. Mediante comunicación escrita, identificada con el No. 0830-19, y firmada por el director de Administración de Contratos del MOP, Edgar Aguilera, se cuestionaron los precios y el detalle de los trabajos incluidos en la extensión del contrato con Bitúmenes de Panamá, S.A.
Así, pues, a pesar de que el MOP fue informado de que el área era propensa a deslizamientos, con potencial para poner en peligro a quienes transitaran por el lugar y ocasionar daños en la recién entregada calle, la institución se abstuvo de continuar con las obras… hasta que sobrevino el derrumbe, cuya solución terminará costando más que la propia carretera.
En efecto, Equibal, la empresa elegida por Nicolás Real para solucionar el deslizamiento, alegó un segundo deslizamiento de tierra en el punto crítico, y por ello elevó el precio de su oferta cerca de un 400% más que el pactado originalmente, pasando de $1.3 millones a $6.3 millones. Tal suma es unos $100 mil más que el costo total de la carretera construida por Bitupan, que incluía edificar un puente y rehabilitar otro, así como aceras, estructura de pavimento, paradas de buses, guardavías, etc.
Y los residentes de la zona del incidente dudan de un segundo deslizamiento. “No hubo dos derrumbes, solo uno”, aseguró Elías Samuel Lorenzo, vocero de la comunidad de Marta, en el corregimiento de El Harino. Los vecinos alegan que lo que hubo fueron secuelas del deslizamiento primario sin el impacto que tuvo el incidente del 10 de octubre de 2019.
Las respuestas
La Prensa envió un cuestionario al titular del MOP. Las respuestas fueron apenas parciales. Sabonge evitó responder, por ejemplo, sobre el tema de la experiencia comprobada de Equibal en este tipo de obras. Lo que sí respondió fue por qué fue elegida: “Fue la empresa con mejor precio ofertado entre otras cuatro empresas de gran capacidad técnica y experiencia”, dijo.
La respuesta a la pregunta tampoco fue posible hallarla en el sitio web de Equibal, pues no exhibe ni menciona obras similares en otros proyectos de envergadura.
Sabonge aseguró también desconocer la existencia de la adenda pendiente de trámite de Bitupan para atender el punto crítico antes que se dieran los hechos.
Dijo que estaba en ejecución el contrato AL-1-02-17, por la empresa Bitúmenes de Panamá (Bitupan, S.A.) que contaba con acta de recibo sustancial de la obra, con fecha del 30 de junio de 2019... “Debemos mencionar que, a la entrada de nuestra administración, no se tiene ninguna modificación al contrato que haya terminado en adenda aprobada”. Y en esto tiene razón: la adenda nunca se tramitó bajo su gestión.
La respuesta de Sabonge se contradice con un informe específico de este proyecto –fechado el 28 de junio de 2019– elaborado con motivo de la transición de gobierno. Este informe, enviado el 12 de julio de 2019 al director nacional de Contrataciones del MOP, Edgar Aguilera, estaba firmado por el ingeniero Ronny Kam, exdirector nacional de Inspección del MOP, así como por el inspector del proyecto, Lionel Salado, y la supervisora de Inspección del MOP en Coclé, ingeniera Olinda Agudo.
En éste, los firmantes informaban que quedaba pendiente una orden por cambio de trámite y construcción para el punto crítico, es decir, el cerro San Pablo, lugar del deslizamiento.
Sabonge justificó a La Prensa el contrato con Equibal basándose en una resolución de Gabinete que declaró la emergencia y documentos de la transición de gobierno. “Sobre el tema de una nueva contratación, surge en razón de la Resolución de Gabinete N° 111 de 7 de noviembre de 2019, que declara estado de emergencia en esta área, por el evento de deslizamientos del cerro San Pablo, ocasionados por eventos climatológicos, inicialmente por las lluvias torrenciales que ocurren desde el 10 de octubre de 2019, por lo cual se realiza procedimiento especial de contrataciones y se ejecutan los trabajos a través del Contrato N°AL-1-44-19…”.
Pero esta afirmación carece de sustento. Equibal recibió órdenes de proceder para intervenir en la solución del deslizamiento de parte de Sabonge tres semanas antes que la aludida resolución de Gabinete que menciona el ministro en su respuesta.
En su comunicación del 14 de octubre de 2019 con Equibal –por razones obvias– Sabonge no alude a tal resolución. Pero sí justifica la orden de proceder a favor de Equibal basado en el numeral 2 del artículo 73 de la Ley de Contrataciones Públicas. Dicho artículo establece las causales para un procedimiento excepcional o especial de contratación cuando “esté en riesgo la satisfacción de los requerimientos e intereses del Estado”.
El numeral 2 autoriza este procedimiento “cuando hubiera urgencia evidente […] que no permita conceder el tiempo necesario para celebrar el acto público de selección de contratista”. Y la ley define como “urgencia evidente” una situación imprevista, impostergable, concreta, inmediata, probada y objetiva que ocasiona un daño material o económico al Estado o a las ciudadanos, “e impide a la entidad licitante la celebración del procedimiento de selección de contratista”.
Es en el contrato –que se firmó casi un año después de que Sabonge autorizara la intervención de Equibal en el área del deslizamiento– que están incluidas las razones de emergencia a las que hace referencia la resolución de Gabinete.
Pero el tema es que han transcurrido casi dos años desde que se declaró la emergencia en esa zona y la solución sigue sin concretarse. En su contrato, Equibal pactó una solución cuya ejecución le tomaría 570 días calendarios. Pero hasta el pasado 31 de octubre, la obra llevaba 746 días, un retraso de casi seis meses… y contando.
Sobre el aumento de casi el 400% del costo de la solución, el MOP dijo escuetamente que respondía a que hubo dos deslizamientos en la zona del incidente.
La favorecida
Tras alzarse con el contrato en cuestión, Equibal pasó a ser de las favoritas en la administración de Sabonge a la hora de las emergencias. Según Panamá Compra, Equibal obtuvo dos contratos del MOP con base a la declaración del estado de Emergencia Ambiental que proclamaron resoluciones del Gabinete, del 7 y del 15 de noviembre de 2020.
Con la justificación de compras por la emergencia ambiental, a través de una iniciativa del MOP, se le adjudicaron contratos a Equibal para limpieza y remoción de derrumbes en las vías: CPA-San Félix-Cerro Flores-Cerro Colorado y del cruce de Hato Chami-Vía a Tramo Tugrí hasta la comarca Ngäbe Buglé, por valor de $814,753, y para limpieza y remoción de derrumbes en las vías: CPA-Cruce de Horconcitos hasta el corregimiento de Soloy, por valor de $782,938, sumando un total de $1,597,691.
Con Sabonge, Equibal –que antes carecía de experiencia en la atención de deslizamientos– suma ahora contratos con el MOP por $7,962,603 en solo dos años.
