La compra de la que nadie quiere hablar

La compra de la que nadie quiere hablar


El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, parece haber decidido no responder las preguntas de este medio y, en especial, las concernientes a su gestión como encargado de hacer realidad el hospital modular para la atención de paciente de la Covid-19. El pasado jueves y viernes, La Prensa intentó múltiples veces que el funcionario respondiera una pregunta simple: esta obra, ¿se construyó con materiales nuevos o de segunda mano? El otro que ignoró todas las veces la misma pregunta fue el contratista, SmartBrix Centroamérica.

La respuesta a esta pregunta no es algo que se pueda encontrar en Panamá Compra. Teóricamente, el ministro debe saber –como el responsable de la obra– qué estaba comprando el Estado y en qué condiciones lo recibió. Después de todo, solo en ese rubro, el costo a pagar a la empresa contratada es de más de $1.2 millones o, como lo informó antes el ministro, $7 mil por estructura, más sus bases. Un gran precio, sugirió el funcionario.

La pregunta sobre la calidad del material surgió cuando este medio investigó en la Autoridad Nacional de Aduanas las importaciones de SmartBrix de 2019 y 2020.

SmartBrix compró su materia prima a dos empresas: una en China y otra en Costa Rica. Esas importaciones se realizaron en 2019, ninguna en 2020. La mayor de estas fue hecha en abril de 2019, desde Costa Rica: 160 estructuras. El resto –69 módulos– provino de China, importadas en febrero y diciembre de 2019.

Material de descarte

El hospital para atender a pacientes de la Covid-19 se construyó con unas 160 estructuras modulares, precisamente, la misma cantidad importada por SmartBrix en abril del año pasado. Esa importación era material de descarte o usado, según se declaró en Aduanas.

Los 160 módulos eran parte de un campamento, utilizados como dormitorios, comedor, oficinas y depósitos de equipos por el consorcio holandés APM Terminals –compuesto por Van Oord y BAM International– cuando construía la terminal de contenedores de Moín, en la provincia de Limón (Costa Rica), donde se hicieron extensos rellenos en la costa caribeña tica para albergar la mega estructura.

Su construcción comenzó en enero de 2015 y terminó en febrero de 2019, cuando el puerto fue inaugurado. Cuatro meses antes de iniciar obras, los modulares habrían sido importadas desde China, los cuales fueron instalados frente a la playa, confirmó este medio.

Los módulos chinos fueron exonerados del impuesto de importación en Costa Rica, acordado en los términos de concesión entre el Estado tico y el concesionario holandés. Acuerdos semejantes se han aplicado en Panamá como, por ejemplo, cuando se han construido obras como el Corredor Norte, cuya maquinaria se importó libre del impuesto de importación.

Llegada a Panamá

Inaugurado el puerto, el consorcio holandés tenía dos opciones sobre el destino final de los módulos que importó cuatro años antes: si decidía quedarse con éstos, debía pagar los impuestos de introducción. La alternativa era venderlos en el extranjero para no pagar esos impuestos. Y así lo hizo.

A principios de abril de 2019, el presidente de SmartBrix, Nitesh Mayani, concretó la compra de los contenedores con la empresa holandesa Van Oord. Un informe de la Autoridad de Aduanas obtenido por La Prensa revela que esas estructuras modulares –que estuvieron expuestas durante años a un entorno de mar– fueron reportadas como “usadas” al entrar al territorio fiscal panameño.

Ello explicaría el porqué de la diferencia de precios en las importaciones de estructuras modulares que hizo SmartBrix en 2019. Por ejemplo, de China importó dos veces –como ya se dijo– un total de 69 estructuras, a un costo promedio por unidad de $4,440 tras el pago de flete, seguro e impuestos.

Si estos contenedores nuevos –vendidos por la empresa Zhejiang China Modular Container a SmartBrix– se hubiesen vendido al Estado con una ganancia del 35%, el costo promedio se habría elevado a $6 mil 830 la unidad.

En cambio, el costo de los modulares de descarte sería mucho menor. Fueron traídos por tierra desde Costa Rica por la empresa Importaciones Brejim, contratada para hacer la entrega de los modulares en dos viajes, realizados el 16 y el 26 de abril de 2019. Antes del pago del impuesto de introducción, ITBMS, flete y seguros, SmartBrix había comprado cada modular a $395, promediando los valores declarados a Aduanas. Tras pagar todos los rubros de importación, el costo promedio por unidad se elevó a $954.

Curiosamente, el seguro que pagó SmartBrix por importar de China las 69 estructuras nuevas solo fue de $1,960, o $28.50 por pieza. En cambio, el seguro pagado por las 160 estructuras modulares de segunda mano, importados del país vecino se elevó casi $19 mil, o unos $120 por unidad, casi un tercio del valor en Costa Rica de cada estructura.

Según el ministro de Obras Públicas, SmartBrix le vendió al Estado cada contenedor para el hospital a un “gran precio”: $7,000. Si estas fueron las estructuras que le compró el Estado a SmartBrix, la empresa habría hecho un aumento de precio del 630% por estructuras usadas y expuestas a un ambiente altamente salino, generándole un margen del 86%. Es decir, la empresa habría vendido al Estado estructuras de segunda mano como si fueran nuevas.

Pero, ¿cómo saber si lo hizo? La pregunta fue enviada al ministro Sabonge. Después del quinto intento por obtener su respuesta, el funcionario echó mano de la burocracia: canalice la pregunta a la oficina de Relaciones Públicas, pidió a este medio. Ayer, a medio día, respondió una vocera: el MOP contestaría “mañana” (hoy sábado).

A su turno, los representantes de SmartBrix tampoco quisieron responder la pregunta, pese a tenerla en sus manos, confirmó este medio.

La Prensa entrevistó telefónicamente al presidente y representante legal de Importaciones Brejim, la empresa costarricense que trajo los contenedores a Panamá. Se trata del ciudadano tico Giovanni Brenes, quien dijo estar sorprendido de que su compañía apareciera en la Aduana panameña como la empresa consignante de la carga. “Yo solo presté el servicio de transporte de los modulares [que fueron] usados como campamento”.

“El manifiesto de carga tiene mi nombre porque soy el responsable del trasiego hasta que llegue la mercancía completa a Aduana, pero no soy el vendedor”, aclaró Brenes. Añadió que la empresa constructora del puerto tenía límite de tiempo para vender los equipos y modulares una vez terminara la obra. “A mí me contactaron y me pasaron las dimensiones. Yo sólo dije cuántas camas [de mulas] se necesitan para el traslado, y me pagaron”.

Modulares oxidados

La Prensa obtuvo vistas aéreas del taller de SmartBrix en Chilibre, donde se pudo observar dos estructuras modulares armadas y otra sin paneles, y en mal estado. El óxido es evidente en el techo y en la base de la estructura. Una fuente vinculada a los trabajos de reparación de los módulos vendidos al Estado reveló que esa estructura es parte del lote que se trasladó para construir el hospital modular.

La fuente contó que, debido a las malas condiciones en que se encontraban estas estructuras, hubo que realizar trabajos de reparación y pintura. “Fueron jornadas de tres turnos, porque estábamos contra el tiempo para entregar los módulos”.

En cuanto al piso de las estructuras, resaltó que “éstos [módulos] venían con un piso, algunos muy dañados, por lo que se tuvieron que quitar, y quedaron en la base, que también estaba oxidada. Se les montó una estructura para arreglarlos. Pero en otros, por el apuro, no se pudo [hacer]”.

Otras fuentes que están en el negocio de la construcción con estructuras modulares, consultadas por La Prensa, estaban sorprendidas de que los módulos fueran enviados armados a Albrook, donde se construiría el hospital.

“No sé por qué las llevaron armadas, cuando podían ser trasladas por partes, y es más barato para el proveedor, porque puede llevar más carga”, resaltó.

En fotos aéreas del Ministerio de Obras Públicas –encargado de construir el hospital–, este medio contó 160 estructuras modulares colocadas por SmartBrix. Varias de ellas, a pesar de estar pintadas, tenían rastros evidentes de óxido.

Además, en otras fotos publicadas en redes sociales por la empresa que construyó el techo y la que instaló un tanque de reserva de agua, se podía observar parte del techo en condiciones cuestionables.

En las especificaciones técnicas de la obra se indica que “no se aceptará el uso de materiales de poca duración y poca resistencia al clima” y que el contratista debe utilizar “materiales de primera calidad...”. Pero en entrevista previa con este medio, el ministro de Obras Públicas afirmó que desconocía la condición del techo de las estructuras modulares.

El ex director de Contrataciones Públicas Eduardo Corro expresó que los bienes y materiales que adquiere el Estado deben ser nuevos. En caso contrario, eso se debe dejar claro en el pliego de cargos y en el contrato, ya que esto no se debe asumir.

Corro indicó que la Ley de Contrataciones Públicas, que regula las obligaciones de las entidades contratantes, establece en su artículo 16 que estas deben velar por el cumplimiento en lo establecido en el pliego de cargos, “teniendo siempre como norte el mayor beneficio del Estado y del interés público”.

Indicó que si los módulos son de segunda mano, debieron tener un precio menor, por lo que considera que la Contraloría General de la República debe hacer una auditoría de la obra.

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