Bajar las tensiones a lo interno del gobierno y los reclamos sobre la crisis surgida en el Ministerio de la Presidencia por la poca transparencia en las compras de la pandemia fue lo que motivó al presidente de la República, Laurentino Cortizo, a quitarle la responsabilidad a esa cartera, a cargo del vicepresidente José Gabriel Carrizo, de gestionar las adquisiciones de emergencia, según analistas políticos.
El anuncio de que la Presidencia ya no gestionará más compras ligadas a la pandemia lo hizo el miércoles el nuevo viceministro de esa cartera, Carlos García, en la conferencia diaria del Ministerio de Salud (Minsa). Más temprano, la Contraloría General de República, que dirige Gerardo Solís, había dicho que los recursos que el Estado ha puesto a disposición del Ministerio de la Presidencia para la crisis de la Covid-19 ascienden a $191.7 millones, de los cuales no se ha refrendado ni pagado ningún bien o servicio.
“Hemos comunicado a todos los ministros, directores y administradores de entidades el procedimiento que deben seguir en adelante, para solicitar el traspaso de fondos de emergencia”, dijo García.
Y es que el trámite de la cuestionada y frustrada compra de 100 ventiladores por $5.2 millones, sin participación del Minsa o su equipo de asesores, produjo un estallido ciudadano que pide la renuncia de Carrizo como ministro. Pero, además, esta compra ha provocado tensiones a lo interno del gobierno.
Precisamente ayer, el Movimiento Independiente (Movin) envió a Carrizo una nota solicitando un informe detallado de todas las cartas de compromisos de pagos, en secuencia numérica, que se han emitido desde la declaración del estado de emergencia nacional, el pasado 13 de marzo.
Para el politólogo Richard Morales, con su decisión el Ejecutivo intenta reducir la presión sobre Carrizo ante los fuertes cuestionamientos ciudadanos por las aparentes irregularidades en su ministerio. “El mensaje es que la presión de la ciudadanía los forzó a tratar de bajar temporalmente el perfil de Carrizo para evitar tener que proceder con las investigaciones. Es la típica táctica de los gobiernos, que en vez de investigar formalmente una irregularidad, proceden a reorganizar autoridades y responsabilidades para paliar el descontento”, dijo.
La Fiscalía Anticorrupción ha dicho que la renuncia del viceministro Juan Carlos Muñoz, quien firmó la carta de compromiso de compra de los ventiladores, no frena las pesquisas.
Mientras que el analista Edwin Cabrera planteó que más que acallar a la ciudadanía, la administración Cortizo trata de quitarse de encima la presión general que tiene el Gobierno por el tema de la pandemia, y poder concentrarse en las grandes decisiones que tiene que tomar la Presidencia, como poner en marcha la economía, buscar medidas para bajar el desempleo y otras.
“Todos los gobiernos están presionados por la pandemia. Al de Cortizo se le sumó el reclamo de mayor transparencia. Lo ocurrido ha sido un golpe demasiado fuerte”, dijo.
Añadió que esta administración solo se recuperará de esta crisis con el tiempo y con “medidas que logren convencer a la población de que se está siendo suficientemente transparente en la ejecución presupuestaria”.
Por su parte, el expresidente del Partido Revolucionario Democrático, Francisco Sánchez Cárdenas, manifestó que se trata de una medida para manejar la crisis que se produjo con la cantidad de compras y algunas que no dejaron bien parado el nombre del Ministerio de la Presidencia.
El nuevo viceministro García aseguró que “aún no se ha realizado ningún pago a ningún proveedor”.
La Contraloría, en tanto, precisó que del total asignado a la Presidencia se han registrado compromisos por $55.8 millones (vales y bonos digitales). Mientras que se han procesado y están en diversas fases de trámite compras por $184.4 millones, quedando un saldo disponible de $7.3 millones.