La indignación ciudadana a raíz de los presuntos abusos en albergues de menores crece día a día: en la mañana de ayer fue presentada una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) y en la tarde se desarrolló otra jornada de protestas.
La acción legal exige que se separare del cargo a María Inés Castillo, titular del Ministra de Desarrollo Social (Mides); y a la directora de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, (Senniaf), Mayra Silvera.
Se trata de una denuncia penal interpuesta por el abogado Abdiel Enrique González, en representación de la activista de derechos humanos Niura Rodríguez Bárcenas, para que se investigue a Castillo y a la viceministra de esa cartera, Milagros Ramos, al igual que a Silvera, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, relacionados con el manejo de albergues.
La denuncia también alcanza a la extitular del Mides Markova Concepción; y a la exdirectora y exsubdirectora de la Senniaf Sara Rodríguez y Carla García, esta ultima nombrada hace días gobernadora de Panamá.
El recurso pide, además, que se investigue la actuación de los directores de los albergues en los que presuntamente se han cometido abusos y delitos contra la libertad e integridad sexual de menores de edad, y por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad colectiva y delincuencia organizada.
La denuncia se basa en el artículo 328-A del Código Penal, el cual establece que quien pertenezca a un grupo organizado con el fin de explotación sexual comercial y pornografía con menores será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión.
El documento precisa que detalles de los hechos se encuentra en el informe elaborado por una subcomisión de la comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, conformada por las diputadas Walkiria Chandler, Petita Ayarza y Yesenia Rodríguez.
La denuncia cita una declaración de Jorge Giannareas, especialista en política social del Fondo de las Naciones unidades para la Infancia (Unicef), quien aseguró que los niños que se encuentran en albergues están bajo la responsabilidad del Estado y que el hecho de que la administración de esos establecimientos esté en manos de una organización no gubernamental no es una razón para disminuir esa responsabilidad.
La protesta
Horas después de que fue presentada esta acción legal, diversas organizaciones aglutinadas en Poder Ciudadano Panamá, y otras, piquetearon frente a la sede del Ministerio Público para exigirle al procurador Eduardo Ulloa que acelere las investigaciones.
Aida Torres, una de las manifestantes, consideró que el informe entregado por la subcomisión de la Asamblea Nacional tiene elementos para que los fiscales emprendan acciones rápidas con el fin de hallar a los responsables de los abusos.
Además, solicitó la separación provisional de los directivos de la Senniaf hasta que culminen las investigaciones.
Por su parte, Rebeca Osorio, de la Federación de Profesionales de Panamá, culpó a los actuales directivos de la entidad de no actuar con la diligencia suficiente para denunciar los hechos y, en cambio, esperaron a que una subcomisión legislativa hiciera públicas “las situaciones aberrantes” que vive la niñez en los albergues.