Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), forman parte de la lista de personas a quienes el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales llamó a juicio en el caso Blue Apple, pesquisa que le siguió la pista a un esquema que implicó el pago de sobornos a cambio de obras estatales.
De acuerdo con la investigación que adelantó la Fiscalía Anticorrupción, los hijos del exmandatario supuestamente determinaban los montos que los dueños de las constructoras debían pagar a cambio de contratos con el Ministerio de Obras Pública (MOP).
En el expediente constan las declaraciones de Jorge Churro Ruíz, exdirector de contratos del MOP –otro de los llamados a juicio–, quien aseguró que a finales de 2010 Rica Martinelli Linares le pidió que fuera a sus oficinas y allí le habló de una operación con empresarios que habían ganado contratos con el MOP.
Según declaró a la fiscalía, Martinelli Linares le giró instrucciones para cobrar un porcentaje del monto total de los contratos adjudicados a Bagatrac, S.A., Constructora Rodsa, Constructora Meco, Conalvias, S.A., GS Contractors–Grupo Corporativo GS y Concepto y Espacios.
En la lista de los llamados a juicio también figuran Federico Suárez y Jaime Ford, quienes fungieron como ministros del MOP durante el mandato de Martinelli. Al igual que Joaquín Rodríguez Salcedo, exgerente de Factor Global, y el abogado y representante legal de la sociedad Blue Apple Services, Federico Barrios Alaín, entre otros.
De acuerdo con el expediente, Rodríguez Salcedo dijo al rendir declaración indagatoria “haber mercadeado un método de Federico Barrios”, a través del cual, con la venta de facturas, los contratistas “pudieran descargar el gasto, vía escudo fiscal, y hacerle llegar fondos a diversos funcionarios”'.
Barrios Alaín narró a la fiscalía que la estructura de Blue Apple comenzó en el año 2011, cuando fue invitado a participar en un negocio por Joaquín Rodríguez Salcedo, que consistía en la creación de un grupo de empresas que facturarían a los contratistas del Estado por el supuesto suministro de materiales, alquiler de equipo, consultorías y otros.
Son 26
En total, la jueza Baloisa Marquínez decidió abrir causa criminal a 26 personas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (corrupción de servidores públicos), contra el orden económico (blanqueo de capitales), contra la fe pública (falsificación de documentos) y contra la seguridad colectiva (asociación ilícita).
También hay una lista de personas para quienes la jueza Marquínez decretó sobreseimiento provisional y definitivo.
El juicio está programado para celebrarse del 20 de junio al 1 de julio de 2022, a partir de las 9:00 a.m. Además, se agendó como fecha alterna del 16 al 26 de agosto de 2022.
