La capacidad del Estado para coordinar y establecer las nuevas reglas del Nuevo Panamá Solidario es una de las inquietudes que surgen luego de que el presidente Laurentino Cortizo anunció cambios en la iniciativa.
“¿Cómo organizas a 700 mil personas para que lleven a cabo 24 horas al mes?”, es una de las preguntas que hace el consultor empresarial y financiero Domingo Latorraca.
Según el anuncio, para recibir el vale de $120 mensuales las personas deberán completar 24 horas al mes de servicio social comunitario o una capacitación mensual de 10 horas.
En el Inadeh aseguran cuentan con la capacidad para absorber a las personas que se inscribirán en capacitaciones. Mientras tanto, miembros del gabinete han reiterado que buscarán coordinar a las personas para que hagan el servicio social en sus comunidades.
El mes pasado, más de 708 mil personas recibieron transferencias directamente a su cédula. El número de beneficiados con el Vale Digital ha disminuido en los últimos meses, tras la reactivación de contratos laborales y otras excepciones.
Nuevo Panamá Solidario, otro reto para el Gobierno
En el último mes, 708 mil 830 personas recibieron transferencias a su cédula a través del vale digital del programa Panamá Solidario. En los próximos meses, esta ayuda estatal de $120 mensuales a personas “impactadas por la pandemia” se vería condicionada a completar horas de servicio comunitario o recibir capacitaciones técnicas y laborales a través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).
Son parte de las novedades que tiene la iniciativa. El anuncio lo hizo el propio presidente Laurentino Nito Cortizo el pasado lunes 21 de junio. Las nuevas reglas para este programa, que nació en marzo de 2020 en uno de los momentos más críticos de la pandemia, han generado distintas reacciones.
Tras el anuncio de que las transferencias digitales, se condicionarán, surgieron críticas y muchas preguntas. Entonces ministros y otros funcionarios vinculados al tema, en una conferencia de prensa realizada el pasado martes, dieron luces sobre las nuevas reglas.
Suspendidos, no
Doris Zapata, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, fue categórica al asegurar que las personas con contratos suspendidos no deberán registrarse para servicio comunitario o capacitaciones, pues “están en una condición especial debido a la pandemia”.
A la fecha, según cifras proporcionadas por el viceministro de esa cartera, Roger Tejada, 114 mil 233 contratos se mantienen suspendidos debido a la pandemia.
Objetivo del programa
Además de la reiterada paz social que el presidente Cortizo ha manifestado múltiples veces, el objetivo del programa, según la Presidencia, es ‘fomentar la participación ciudadana de las personas en las soluciones de los problemas de sus propias comunidades a través del servicio social’.
Por su parte, Luis Oliva, el administrador general de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), explicó que las personas deberán ingresar a la página de Panamá Solidario a partir del 1 de julio y elegir las opciones de trabajo comunitario que prefieran desempeñar o la capacitación que tomarán.
Reparación de centros escolares, mantenimiento de infraestructuras deportivas, empaque de bolsas solidarias, limpieza y ornato comunitario, y el programa de vacunación son algunas de las posibilidades de ayuda comunitaria.
En un mes deberán completar 24 horas de servicio. En contraste, las capacitaciones del Inadeh tienen una duración total de 10 horas cada una. Virgilio Sousa, director del Inadeh, anunció que comenzarán con cinco temáticas: desarrollo humano, tecnología, emprendimiento, idiomas y gastronomía.
¿Hay capacidad?
En entrevista con este medio, el consultor Domingo Latorraca, cuestionó la capacidad logística del Estado para coordinar a miles de personas para que cumplan con las horas de trabajo comunitario o para que completen las capacitaciones en el Inadeh. “¿Cómo organizas a 700 mil personas para que lleven a cabo 24 horas al mes?”, preguntó Latorraca.
También puso su mirada en la capacidad que tienen las comunidades del país para recibir a los interesados en el trabajo comunitario.
En cuanto al rol Inadeh en esta nueva fase del programa Panamá Solidario, habló de los retos de conectividad. “El verdadero reto va a ser la implementación”, aseguró.
Agregó, además, que espera el Gobierno cuente con el recurso humano necesario para la implementación del programa. “Ojalá no haya que contratar a un montón de gente para gestionarlo”, concluyó y analizó que la medida puede tener un efecto “disuasivo”, pues algunas personas no se inscribirán y dejarán de recibir los fondos.
Sousa, por su parte, aseguró que el Inadeh sí cuenta con la capacidad instalada para hacerle frente a la demanda de cursos. Tras el anuncio de Cortizo, este funcionario ha asistido a distintos medios en defensa del programa. “Tenemos plena confianza de que el equipo de profesionales de la AIG cuenta con el personal técnico”, dijo en Telemetro. Dio cifras, y aseguró que más de 50 mil personas se han beneficiado de capacitaciones de este tipo.
Por su parte, el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni, aseguró que para el Gobierno “lo ideal sería no tener que tener un sistema de asistencia social”.
Manifestó que el plan inicia con el servicio comunitario, mientras que las capacitaciones se darán en septiembre. Estos primeros meses, añadió, serán de registro y coordinación. El optimismo que muestran los representantes del gobierno no lo comparten en el sector de los trabajadores.
Nelva Reyes Barahona, dirigente de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, es una de las que ha criticado el condicionamiento de la ayuda social. “Esos $120 se le van a ir a los trabajadores ya sea en data, en comida o en transporte”, aseguró. Calificó la actuación de “indignante” y manifestó que el Gobierno Nacional tiene el deber de garantizar “la vida de cada uno de los panameños”.
El apoyo
Una encuesta de la consultora GAD3 para La Prensa reveló que 8 de cada 10 consultados apoya el plan Panamá Solidario (el 79.8% de los encuestados); apenas el 19.3% mostró su desaprobación, y el resto (0.9%) no sabe o no responde.
Además de vales digitales, Panamá Solidario incluye bonos físicos y la distribución de bolsas con alimentos en los sectores más pobres. Por otro lado, el Ministerio Público investiga varios casos por el manejo irregular de la iniciativa.
