El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este viernes las impugnaciones al intento del presidente Joe Biden de obligar a vacunarse contra la Covid-19 a millones de trabajadores del país, que ya tiene al 62% de su población inoculada.
“¿Por qué no es esto necesario para reducir el grave riesgo?” de propagación del virus, preguntó la jueza Elena Kagan al abogado que representa a las asociaciones empresariales que se oponen a la política de Biden.
“En esta pandemia ha muerto casi un millón de personas”, comentó la magistrada. “Es, con mucho, el mayor peligro para la salud pública que ha enfrentado este país en el último siglo. Y esta es la política más orientada a detener todo esto”.
Scott Keller, exfiscal de Texas, que representa a las asociaciones, dijo que la norma que obliga a vacunarse llevaría a muchos trabajadores a renunciar. “Provocaría el desplazamiento permanente de trabajadores, lo que afectaría a nuestra economía”, dijo Keller.
El juez Stephen Breyer dijo que “algunas personas pueden renunciar, tal vez el 3%”.
Tras meses de llamamientos públicos a las personas indecisas o reacias a recibir sus vacunas, Biden aumentó la presión en septiembre.
El presidente demócrata hizo que las vacunas fueran obligatorias en las empresas que emplean a 100 trabajadores o más, así como para los trabajadores de la salud en las instalaciones que reciben fondos federales.
Los empleados no vacunados tendrían que presentar pruebas negativas semanales y usar mascarillas en el trabajo.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) dio plazo hasta el 9 de febrero a las empresas para cumplir con las reglas o enfrentar multas.
Se produjo una oleada de demandas y el máximo tribunal celebró una audiencia especial ayer, para decidir si los mandatos pueden implementarse mientras se tramitan las demandas. Se espera una decisión en unas pocas semanas.
Varias corporaciones, incluido Tyson Foods y United Airlines, impusieron mandatos de vacunación en septiembre sin sufrir grandes alteraciones.
El Supremo está integrado por seis magistrados conservadores y tres liberales. Todos ellos han sido vacunados y recibieron dosis de refuerzo, según el organismo.
El tribunal confirmó anteriormente la obligación de vacunación impuesta a los estudiantes universitarios y trabajadores de la salud por las autoridades locales.
