En una votación de cinco a cuatro, el pleno de la Corte Suprema de Justicia revocó un fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia y levantó la medida de secuestro sobre la finca La Vistada, cautelada por la Fiscalía Especial Anticorrupción dentro de la investigación por blanqueo de capitales por el pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
Los magistrados María Eugenia López, Maribel Cornejo, Luis Ramón Fábrega y Carlos Vásquez salvaron su voto y estimaron que la decisión asumida por el Segundo Tribunal de mantener la cautelación del bien no produjo el fenómeno del desconocimiento al derecho a la propiedad privada y tampoco ocurrió la vulneración de ningún otro derecho y que el tribunal ejerció la facultad que le confería la Ley.
La fiscalía cauteló la finca La Vistada, ubicada en San Carlos, por sospechas que hubiese sido adquirida con fondos provenientes de actos de corrupción relacionados con Odebrecht por el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima.
El abogado Roberto Ruiz Díaz presentó un amparo de garantía aduciendo que la finca es propiedad de Frank De Lima Vargas, padre del exministro, y que este no está imputado en la investigación de Odebrecht y que la fiscalía no ha logrado demostrar que dicha propiedad fuera comprada con dineros provenientes de los fondos de esa empresa.
El fallo precisa que la documentación aportada evidencia que la finca no está relacionada con los hechos investigados dentro del sumario seguido a Frank De Lima y que la decisión de mantenerla cautelada atenta contra el derecho a la propiedad consagrado el artículo 47 de la Constitución.
Además, precisa que La Vistada tiene un derecho económico afectado dentro de un proceso en el cual no está obligada a responder patrimonialmente, debido a que esta no es parte ni está vinculada con el hecho punible.
La fiscalía cauteló la finca alegando que podía concluirse que dicha propiedad, si bien está a nombre de un tercero, su adquisición en 2011, cuando De Lima era funcionario de la gestión de Ricardo Martinelli, pudo provenir de actividades relacionadas con la corrupción. Su valor era de $160 mil, pero se le hicieron mejoras $564 mil.