Las autoridades federales de la Confederación Suiza llevan una investigación paralela a la que involucra a los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares -que dio como resultado la incautación de 22 millones de dólares-. El Ministerio Público de ese país le ha dado el número SV.15.0775-LEN.
Este expediente revela cómo el uso de sociedades anónimas incorporadas en varias jurisdicciones offshores, incluyendo Panamá, y el uso del sistema bancario de nuestro país -entre otros- habrían facilitado operaciones financieras investigadas en Brasil, por lavado de dinero, en la operación Lava Jato.
Al igual que en el caso seguido a los hermanos Martinelli Linares, identificado como SV.15.1688-LEN, se trata de la investigación que terminó con la condena en Brasil de directivos de Petrobras, en la que se probó el pago de millonarios sobornos que hacía Odebrecht.
En este caso, los investigados en Suiza son operadores financieros que trabajaban para y bajo instrucciones de Odebrecht, así como para los destinatarios finales de los sobornos.
Entre ellos, las autoridades suizas mencionan, por ejemplo, a los brasileños Olivio Rodrigues Junior –quien controló cuentas en Panamá para Odebrecht en el Multicredit Bank-, así como a Fernando Miglaccio, que hacía lo mismo, pero en cuentas en el Credicorp Bank. Este último personaje permanece detenido en Suiza desde principios del año pasado.
Además de ellos, otras personas fueron acusadas por Suiza: el estadounidense Barry William Hernan, los brasileños Hilberto Mascarenhas Alves da Silva y Luiz Eduardo Da Rocha Soares –este con múltiples entradas a Panamá–, así como la uruguaya Maya Cikurel Spiller.
A todos ellos los unen acusaciones de sobornos a funcionarios extranjeros, falsificación de documentos y blanqueo de capitales con agravantes, formulados por el Ministerio Público de Suiza.
La data que recabó Suiza en esta investigación no fue del agrado de Constructora Odebrecht, que también enfrenta cargos en Suiza. La información reunida por los fiscales suizos era tremendamente comprometedora y se tornó clave para sellar la suerte del grupo brasileño y sus ejecutivos en Brasil.
Tras una dura batalla legal entablada por Odebrecht, a fin de evitar que la información llegara a los fiscales de Lava Jato, esta finalmente arribó a Brasil y obligó a la empresa a allanarse como resultado de las delaciones premiadas.
Esta información también forma parte de la carta rogatoria que en febrero de 2016 el Ministerio Público de Suiza enviara a Panamá, solicitando a la procuradora Kenia Porcell información que completara la que hasta entonces ellos tenían.
Según los datos incluidos en dicha carta, la documentación presentada ante el Ministerio Público de ese país revelaba la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a través de cuentas bancarias en bancos suizos cuyo beneficiario era Constructora Norberto Odebrecht, por lo que luego de realizar las investigaciones pertinentes ordenó la apertura del caso por los supuestos delitos de soborno y blanqueo de capitales contra las personas señaladas anteriormente.
Según los fiscales, las pesquisas financieras realizadas evidencian que se transfirieron desde cuentas bancarias en Suiza controladas por Odebrecht, a cuentas en bancos panameños cuyo beneficiario era la Constructora Internacional del Sur, al menos 59 millones de dólares.
Según la carta enviada a Porcell, las cuentas mencionadas estuvieron en Credicorp Bank, y Multibank, hasta 2008 Multicredit Bank, y los fondos fueron transferidos entre julio de 2007 y agosto de 2010.
CAJA NEGRA
Pero la Fiscalía Federal Suiza no solo dispone de documentos bancarios, sino también de varios contratos suscritos entre Odebrecht y “compañías instrumentales” o bien compañías controladas por Odebrecht, mediante los cuales se acordaban “servicios de asesoría” a cambio de honorarios “prohibitivos” que luego eran facturados por estas compañías a Odebrecht.
Luego de revisar la documentación, la fiscalía llegó a la conclusión de que los “contratos de asesoría” son acuerdos ficticios; es decir, que los servicios contratados nunca fueron prestados. También determinaron que las facturas que se emitieron no respaldaron servicios realmente prestados y que su único propósito era el de ser ingresados en los registros contables de Odebrecht, reportando gastos que la empresa nunca llegó a realizar.
Finalmente, concluyeron que aun cuando los registros contables eran eliminados, los fondos seguían a disposición de la empresa a través de las sociedades instrumentales o de las compañías controladas por el grupo Odebrecht.
Los fiscales llamaron a esta estructura “Caja Negra”, aludiendo a un término utilizado en el proceso judicial sobre caso de soborno de la alemana Siemens.