La crisis que desató el flujo masivo de haitianos hacia Estados Unidos crece como una bomba de tiempo que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, urgió ayer a desactivar pasando de la retórica a la acción.
Su llamado refleja la gravedad de un problema que se extiende por toda la región, con decenas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, agolpados desde hace varias semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula (frontera sur con Guatemala) y Ciudad Acuña (norte, limítrofe con Texas).
Huyendo de la pobreza y el caos, buscan refugio en Estados Unidos, muchos después de recorrer una decena de países como Panamá y Colombia, en cuya frontera están varados unos 19 mil migrantes, mayoritariamente haitianos.
“¡Ya basta de discurso! ¡Ya hace falta la acción!”, dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina, al recordar que Estados Unidos ofreció 4 mil millones de dólares para invertir en los países donde se origina la migración indocumentada.
“Había el compromiso de que iban a invertir $4 mil millones, $2 mil millones para Centroamérica y $2 mil millones para México. No ha llegado nada, nada”, se quejó el mandatario, que plantea atacar las raíces del fenómeno con inversión social.
Su propuesta estaba orientada inicialmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, pero la llegada de haitianos complicó aún más el panorama.
López Obrador matizó su reclamo indicando que ve “buen ambiente” en la Casa Blanca, pues el presidente Joe Biden “sí está interesado” en resolver el problema'.
“Hay condiciones inmejorables para suscribir un buen convenio para el desarrollo de América Latina y el Caribe, y en particular en los países de Centroamérica, entonces vamos a esperar. Yo creo que sí va a haber los resultados”, confió.
Al sur
Mientras, Chile anunció ayer que retomará las expulsiones masivas de migrantes en situación irregular, en su mayoría venezolanos, que ingresan por pasos no habilitados.
El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, anunció la reanudación de los vuelos de expulsión, luego de haber realizado cuatro entre febrero y agosto de este año, en los cuales fueron deportadas 547 personas, mientras que durante 2020 fueron expulsados mil 365 migrantes.
El último vuelo de deportación que realizó el gobierno fue en agosto pasado, luego que la ONU expresara su preocupación por esta medida, y que tribunales chilenos detuvieran estas expulsiones tras admitir decenas de recursos de amparo auspiciados por organizaciones que las critican porque, a su juicio, vulneran los derechos de los migrantes.
“Hemos tomado nota de las recomendaciones, hemos revisado nuestros procesos, somos respetuosos de los fallos, pero en ese contexto durante las próximas semanas vamos a retomar las expulsiones”, dijo Delgado.
