Después de la eliminación de la controvertida figura de los gastos de movilización que se autoasignaban alcaldes y representantes de corregimiento, y la subsiguiente sugerencia de la Contraloría de usar la partida de gastos imprevistos para atender situaciones extraordinarias en las comunidades, los reclamos de parte y parte no se hicieron esperar.
Si bien los gremios que representan a los 81 alcaldes y 679 representantes del país emitieron un comunicado diciendo que acatarían la medida —vigente desde el 4 de marzo—, muchos muestran su descontento. Juan Carlos Huerta Solís, alcalde de Chitré, quien recibía $1,600 en gastos de movilización, dijo que los alcaldes no cuentan con viáticos.
El contralor Gerardo Solís, quien inicialmente defendió los gastos de movilización como parte de “la autonomía de los gobiernos locales”, reconoció que fue “gracias a los medios de comunicación que nos enteramos” y por ello se eliminó la figura. Anunció que la Contraloría prepara una guía de cómo usar los gastos imprevistos, partida que —dijo— está en los presupuestos. En los próximos días espera reunirse con las autoridades locales, para quienes, según su propia descripción, ahora él es “comida amarga”.
Gastos: de movilización a partida de imprevistos
El debate mutó de los gastos de movilización a los gastos imprevistos, luego de que la Contraloría General de la República, a cargo de Gerardo Solís, por presión ciudadana, eliminara la polémica partida de transporte que recibían alcaldes y representantes de corregimiento, beneficio que permitía que muchos de ellos ganaran más que el presidente de la República o los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Ayer, ocho días después de que la Contraloría diera a conocer la eliminación, Solís habló por primera vez del tema. Entre otras cosas, dijo que un estudio hecho por fiscalizadores determinó que los montos “no se correspondían” con la realidad. También dijo que la decisión se tomó tras enterarse de lo que ocurría con estos gastos a través de los medios de comunicación.
Cabe aclarar, sin embargo, que la información inicial de los gastos de movilización salió de la propia Contraloría, por peticiones que hizo el abogado Ernesto Cedeño.
Solís tuvo palabras amables para las autoridades locales. “Aquí hay que decir todo tal cual como es: los alcaldes y representantes usan ese fondo en su comunidad”, aseguró.
De hecho, el alcalde Alex Lee, de Colón, ha dicho que efectivamente usan estos fondos; de lo contrario -según Lee- no se reelegirían en sus cargos. Por esta razón es investigado por la Fiscalía General Electoral.
En su afán por mostrar que cumple con su obligación de fiscalizar el uso de los fondos públicos, Solís dijo que él es “comida amarga” para los alcaldes y representantes del país. “Yo no soy cosita fácil de comer para alcaldes y representantes. Ustedes pueden entender el peso que tiene la Contraloría cuando hace su fiscalización bien y no importa que nadie lo reconozca, porque este es un puesto muy mal reconocido y uno de los puestos más ingratos. Nadie te reconoce nada y nadie te agradece”, manifestó.
Pero la nueva etapa de esta historia deriva ahora hacia la manera cómo los alcaldes y representantes cobrarán los “imprevistos”. La rendición de cuentas, los montos, la supervisión... todo eso está en juego. Una circular del pasado 3 de marzo, publicada en la Gaceta Oficial (29488-A), da algunas pistas. Dice, por ejemplo, que no se refrendarán pagos bajo el concepto de gastos de movilización; sin embargo, señala que toda erogación que se sustente en eventualidades que no se puedan prever en las comunidades “utilizarán el objeto de gasto con Código 930-Imprevisto, por ser más acorde a la normativa vigente”.
Estas erogaciones se refrendarán siempre y cuando se ciñan a las guías de uso y rendición de cuentas que para tal fin se elaborarán. Si las autoridades locales ya han aprobado sus presupuestos -como, de hecho, ha ocurrido en varios municipios-, deberán hacer traslados y los que no, tienen que acatar la nueva directriz. También deberán entregar informes trimestrales y estos “serán examinados, analizados y publicados en transparencia”. Y algo importante: la circular manifiesta que los salarios y gastos de representación de alcaldes, representantes y demás funcionarios deben ajustarse al tope establecido en la Ley 248 de 29 de octubre de 2021 (sobre el presupuesto general del Estado para el 2022), que señala que estas asignaciones no pueden ser superior a la de un ministro (que entre salario y gastos de representación gana $7 mil al mes).
Solís dijo ayer que el estudio en que se basó su decisión estableció que los montos del imprevisto “son muy pequeños” y que no van a llegar a $5 mil, y serán según el tamaño del municipio o corregimiento, y en función del presupuesto y población.
Eliécer Cortés, presidente de la Asociación de Municipios, confirmó que la próxima semana se reunirán con Solís para saber cómo se usará esta partida. “Cada recurso del Estado siempre tiene que llevar una guía o un programa de cómo se debe ejecutar”, agregó Cortés, que el pasado fin de semana firmó un comunicado diciendo que se acataría la decisión de Solís.
Pero el alcalde de Chitré, Juan Carlos Huerta Solís, dijo que están esperando más información. Mostró su desacuerdo con que se eliminara el gasto de movilización porque esto, según él, le afecta a todo municipio. Añadió que ese es un gasto real y los alcaldes no tienen viáticos. Huerta, en 2021, recibía $1,600 en movilización.
